Rabanal compareció en la Junta, a petición del PP, para informar sobre la financiación autonómica. El consejero de Economía repitió la tesis del Gobierno regional sobre el estado de la negociación al mostrar su insatisfacción por las ofertas del Ejecutivo central, una versión que no concuerda con lo que dijo, en la víspera, Elena Salgado, cuando afirmó que el acuerdo ya estaba prácticamente cerrado con todas las regiones, a falta de lo que diga el nuevo Gobierno de Galicia.

Lo más llamativo de la sesión en la Junta estuvo en las intervenciones de los tres portavoces parlamentarios que rayaron en lo extravagante. Álvaro Álvarez afirmó que el momento actual no es el más adecuado para negociar la financiación autonómica debido a la crisis económica. El portavoz socialista añadió que a Asturias no le corre prisa el acuerdo, porque no es un asunto de la máxima urgencia. Ese tipo de razonamientos parecen sacados de las actas de una sesión parlamentaria del otoño pasado, cuando no se había relanzado el proceso de negociación. A estas alturas, no toca ya especular sobre la inconveniencia de pedir más dinero al Gobierno central por la falta de ingresos de la Hacienda estatal, porque en eso estamos todos. En el momento que un pacto está a punto de firmarse resulta un poco extraño criticar la oportunidad de haberse sentado a negociar.

Jesús Iglesias valoró como fecha posible del acuerdo el año 2010, debido a la debilidad parlamentaria de Zapatero y al hipotético relevo del titular de Economía. Si un tema de la agenda política está al abrigo de la precariedad parlamentaria del Gobierno es el de la financiación autonómica, que se pacta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas. Señalar el próximo año como fecha para el acuerdo es ganas de hacer vaticinios insólitos.

Tan atinada como los portavoces de la izquierda estuvo Alejandra Cuétara, cuando señaló que la victoria del PP en Galicia da mayoría a su partido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese órgano los representantes del Gobierno, con el apoyo de Asturias, Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha, tienen mayoría, pero es que no es ése el tema, porque cualquier comunidad es libre de descolgarse del acuerdo y renunciar al nuevo modelo.