El Congreso de los Diputados está compuesto por 350 diputados, de los que sólo 84 tienen dedicación exclusiva. El resto compatibiliza el trabajo en el escaño con otro tipo de tareas. La mayor parte de los pluriempleados tiene vínculos con el sector privado, siendo una cincuentena los que trabajan para las administraciones públicas (alcaldes y concejales). Este sorprendente perfil de los integrantes del poder legislativo sólo es conocido con detalle por los portavoces de los grupos parlamentarios, no pudiendo ser consultado por el resto de diputados y habiéndose tratado en dos plenos del Congreso a puerta cerrada. Un auténtico escándalo. El conocimiento de esta situación ha llevado al PSOE y a IU a proponer cambios para que se hagan públicas las actividades de los diputados pluriempleados.

Ministros, jueces y diputados no pueden tener otros ingresos que los propios de su función pública. Personifican a los tres poderes del Estado y tienen que gozar de un estatus de independencia que exige la absoluta incompatibilidad con otras tareas remuneradas. El desempeño de la actividad parlamentaria es suficientemente importante como para demandar la dedicación exclusiva. Cobrar de empresas privadas mina la objetividad que debe presidir su trabajo y hacer labores de alcalde o concejal es lo mismo que ser diputado a media jornada. Cuando se cobran 5.000 euros al mes no hay razón para tener distracciones.

En el mes de julio del año 2006, todos los diputados, desde los más conservadores hasta la señora que representaba a Nafarroa Bai, aprobaron una mejora de sus derechos pasivos realmente espectacular: siete años bajo el aire acondicionado del Congreso daba derecho a cobrar la pensión máxima, algo que sólo está al alcance de los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social por el nivel máximo durante 35 años. En materia de percepciones salariales y derechos pasivos en el Parlamento no hay gobierno y oposición, porque todos están de acuerdo. La única manera de contener los excesos consiste en poner en conocimiento de la opinión pública los aspectos opacos del estatus parlamentario. En plena crisis económica, las prebendas de los diputados incapacitan al poder legislativo para pedir un reparto de cargas, cuando ellos practican la compatibilidad de cargos.