La Junta Electoral Central se ha desentendido de la denuncia del PP sobre el uso que hace Zapatero de un avión del Ejército para ir a los mítines. Los magistrados se han declarado incompetentes sobre la materia, indicando al partido de la oposición que debía presentar la denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Recibido el mensaje, el PP ha mostrado su disposición a pedir una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos. La campaña electoral no da para más. A estas alturas está ya claro que el avión de marras es un argumento de primer orden para sacar votos, ante una contienda electoral completamente devaluada. Cuando alcaldes y concejales de todas las tallas comparecen ante los tribunales por haber realizado gestiones urbanísticas turbias, resulta completamente ingenuo tratar de presentarse ante el electorado con visiones maniqueas: el rival es un corrupto, mientras mis amigos y yo somos honrados a carta cabal.

Por su parte, los socialistas han atacado a Mayor Oreja con argumentos ajenos al Parlamento europeo, como las desafortunadas declaraciones del candidato del PP en las que se solidarizaba con el cardenal Cañizares al relativizar las sevicias del clero irlandés con niños internados en sus instituciones, comparadas con los millones de abortos practicados en el mundo. Forzando el estereotipo, la campaña socialista presenta a Mayor Oreja como un neofranquista, mientras que el PP relaciona al socialismo con corrupción y afición por hacer crecer las cifras del paro. Son visiones deformadas y con un fondo de infantilismo, como pasa con todos los conflictos que se reducen a pintar vaqueros e indios.

Del avión de Zapatero se ocupará el Tribunal de Cuentas dentro de unos años para decir que cualquier presidente del Gobierno tiene derecho a usar aviones del Estado para desarrollar la agenda oficial, en la que se incluye la participación en mítines electorales. Para lograr un dictamen más rápido podía la dirección del PP acudir a la Sindicatura de Cuentas del Principado, en espera de que el gasto del avión fuese auditado. Aunque bien pensado, mejor solicitar un dictamen jurídico sobre el caso de la documentación del Ayuntamiento de Oviedo, que no puede ser fotocopiada ni por la oposición. No es broma, en la campaña al Parlamento Europeo se discuten cosas más absurdas.