En el ejercicio de soberanía que van a realizar las comunidades autónomas, a lo largo de este mandato, no es la toma de poder sobre nuevas competencias, sino el derecho a compartir la recaudación del Estado. Hasta ahora, el Gobierno transfería gran parte de los recursos a las regiones, pero con el nuevo modelo de financiación serán las comunidades las que cojan la mitad de los dos grandes impuestos, IRPF e IVA, dejando la otra mitad para el Estado. El repetido discurso de aumentar las cotas de autogobierno se cumplirá esta vez por el capítulo de los tributos.
Justicia
Puede argüirse que las comunidades siguen, poco a poco, asumiendo nuevas competencias, pero se trata de un proceso más formal que real, ya que hace tiempo que los ejecutivos autonómicos no reciben competencias, de las de verdad. No cabe citar la Justicia, ya que recibir la transferencia sin jueces ni fiscales, es lo mismo que asumir la Sanidad sin médicos, tratamientos y operaciones. El poder de decisión sobre la Justicia sigue en las mismas manos en las que estaba, a no ser que consideremos como una demostración de ejercicio de poder la construcción de un Palacio de Justicia por 190 millones de euros. No sé si el ex consejero, Valledor, que tanto se ufanaba de haber hecho una ventajosa negociación sobre las competencias de Justicia, hubiera sido capaz de traspasarle la mitad de esa factura al ex ministro Aguilar poniendo como argumento la saturación de las actuales dependencias. Me temo que el Gobierno central maneja otro tipo de costes estándar para esos equipamientos. Volvamos al tema.
Aunque las comunidades autónomas no firmen ningún convenio con el Gobierno central sobre nuevos traspasos administrativos, los asumen por la vía de los hechos. Sin que nadie les obligue, todos los gobiernos regionales abren nuevos programas de gasto. Es un proceso paralelo al seguido por los ayuntamientos, que dedican un tercio de sus presupuestos a financiar las llamadas «competencias impropias», que como bien indica el nombre, se trata de un tipo de pagos que no les corresponden a los consistorios. Las comunidades autónomas asumen novedosos capítulos de gasto porque redundan en su influencia y poder político, aunque ellas lo venden como algo derivado de las demandas perentorias de los ciudadanos.
Autovías
En el año 1998, el Principado decidió construir la primera autovía, AS-I, financiada por fondos mineros. En el Gobierno de Aznar, aquel proyecto cayó como una bomba, porque le disputaba el protagonismo sobre la vertebración de la región. La otra autovía acogida a los fondos mineros, Oviedo-La Espina, corría a cuenta del Ministerio de Fomento. La osadía del Principado tuvo un precio muy alto que acabó pagando Sergio Marqués, al modo de los líderes aperturistas en China: bajado del pedestal y reintegrado al anonimato de la vida civil. La primera autovía se hacía con dinero del Estado y la paternidad y ejecución del proyecto correspondía al Principado. Cinco años más tarde, la segunda autovía, AS-II, corrió por cuenta del Principado, del mismo modo que la AS-III, entre la cuenca del Nalón y Avilés. En ningún sitio está escrito que las comunidades autónomas tengan que construir autovías, aunque ellas son muy libres de acometer unos ambiciosos planes de carreteras. Si hay un denso tráfico de coches y camiones entre dos puntos de la región, se debe hablar con el Ministerio de Fomento para que construya la oportuna autovía. Si el Gobierno financia el tercer carril de la ‘Y’, podía haber hecho lo mismo con la AS-II, entre Gijón y Oviedo. No existe ninguna separación rígida entre vías de interés nacional y regional, porque tanto interés nacional tiene la autovía minera, vía de acceso de los gijoneses hacia la Meseta, como la autovía del interior.
Dependencia
El gasto social constituye otra área donde las comunidades invaden competencias que no les corresponden, mejorando las prestaciones que da el Gobierno central a los ciudadanos, como en el caso de las pensiones no contributivas. La aplicación de la Ley de Dependencia abre un filón de posibilidades. En Asturias hay 1.880 familias que reciben una cantidad de dinero por cuidar de sus familiares dependientes.
Esa labor ya la venían desempeñando, pero ahora cobran un sueldo por ello. En la Ley de Dependencia constituye un recurso excepcional, aunque el Principado lo ha convertido en habitual. El Gobierno central no asume el gasto en dependencia, a lo que está obligado, pero el Principado adelanta el dinero. Una dinámica así puede ser políticamente rentable, pero compromete la financiación regional. Lo mismo cabría decir de los incentivos fiscales de las comunidades autónomas.
Se podría colegir que el Gobierno central está encantado del protagonismo de las comunidades autónomas en el gasto público, porque le permite ahorrar. Nada más falso. El déficit público estatal llegará este año al 9,5% del PIB, según previsiones gubernamentales, mientras que la OCDE prevé una décima más para el 2010. En ese déficit estatal juega un papel muy importante el agujero de las comunidades autónomas.
Las rogativas de la Comisión Europea de recuperar para el año 2012 la senda del equilibrio (un 3% de déficit máximo) resultan imposibles de satisfacer con el «gasto impropio» de las regiones. Un buen momento para negociar inversiones y subvenciones con José Blanco, Trinidad Jiménez y Celestino Corbacho?