La política española ha derivado en una discusión sobre recorte de gastos y aumento de ingresos. Como las familias venidas a menos. Zapatero quiere reducir por un lado y recaudar por el otro, dos medidas en pos de un objetivo: rebajar el déficit público. Hasta ahora, el presidente ha sido más explícito sobre lo que piensa dejar intocable que sobre lo que va a cambiar. Por la parte de los impuestos no va mover ningún gravamen que penalice la actividad de las empresas y el bienestar de los trabajadores. En materia de gasto, quedan excluidas de cualquier reducción las partidas destinadas a pagar pensiones, a financiar las prestaciones del desempleo, así como la sanidad y la educación. No dijo nada de los gastos concretos que va a recortar, y sólo avanzó que aumentará la tributación de las rentas de capital. Tiene, hoy, en la campa de Rodiezmo una excelente ocasión para avanzar más datos sobre su política de austeridad.

Las decisiones sobre gastos e ingresos se plasman en los Presupuestos Generales del Estado. Como el Gobierno no goza de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, está obligado a buscar aliados para aprobar unas cuentas que tengan sensibles reducciones en las partidas del gasto y un soporte de ingresos mayor, debido al endurecimiento de algunos tipos impositivos.

Desde que empezó la legislatura Zapatero se movió entre los grupos parlamentarios con la táctica de la ‘geometría variable’, que pasa por no establecer aliados preferentes, tanteando acuerdos con todos, menos con el PP, por rechazo mutuo. Una política que parecía correcta al disponer de 169 escaños, pero que le creó muchos problemas al llegar el turno de las votaciones en el hemiciclo. Superado el primer tercio de legislatura, se impone volver a la táctica parlamentaria del primer mandato con la búsqueda de aliados o socios estables. El Gobierno explora la posibilidad de un acuerdo parlamentario con ERC, IU, BNG y Nafarroa Bai, grupos que tienen particulares debilidades territoriales y una ideología de izquierdas. La nueva táctica parlamentaria de Zapatero entronca con el alineamiento del Gobierno con las posiciones sindicales, una constante desde que empezó la crisis económica.

Por todo ello puede decirse que el Gobierno inaugura una alianza hacia la izquierda, que tendrá como argamasa la revisión de los tributos y las prioridades del gasto. Sobre unas coordenadas similares se mueve la actuación del presidente Areces, que anticipó el acuerdo con los sindicatos a la alianza con IU. Bien es cierto que en el caso asturiano la unión entre socialistas e IU conlleva un mayor compromiso, al repartirse las carteras del Gobierno regional.

Zapatero va a aumentar los tipos impositivos que sean del agrado de sus futuros aliados, de ahí que la primera elección haya recaído sobre las rentas de capital. Se trata de un impuesto engañoso, porque aunque se habla de capital, la mayoría de los perceptores de esas rentas son trabajadores y pensionistas, ya que los verdaderos capitalistas tienen sus bienes blindados en sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) que sólo tributan en el Impuesto de Sociedades al tipo del 1%. Para constituir una sicav hace falta contar con 2,4 millones de euros, así que la inmensa mayoría de los contribuyentes no tienen acceso a ese burladero que cobija en la actualidad a 27.000 millones de euros.

Los grupos parlamentarios que corteja el Gobierno quieren resucitar el Impuesto sobre el Patrimonio y gravar los rendimientos de las personas físicas que estén por encima de un determinado umbral de renta. El Impuesto sobre el Patrimonio siempre tuvo consideración de ‘impuesto tenaza’, porque su función no es la de recaudar sino de la evitar la ocultación de dinero, al comparar las declaraciones de renta y los bienes del contribuyente. Con el Impuesto sobre el Patrimonio no se reduce el déficit público. Cosa distinta es la revisión del IRPF, un impuesto que el presidente dejó fuera del debate, pero que el ministro de Fomento, José Blanco, se declaró partidario de utilizar, gravando más las rentas que excedan de los 50.000 euros anuales. Una propuesta así llenaría de satisfacción a ERC, IU, BNG y Nafarroa Bai.

Al parecer, ERC e ICV (IU catalana) pasaron al Gobierno una propuesta de fiscalidad verde que contiene como puntos más calientes un gravamen sobre la energía nuclear y sobre la incineración de residuos, así como más impuestos sobre el fuelóleo y la recuperación de la ecotasa turística (pagar por pernoctar fuera de la propia región) que trajo la ruina electoral a aquel Gobierno de ‘pentapartido’ que hubo en las Baleares antes de las elecciones de 2003. Como detalle exótico está la propuesta de aplicar como descuento en la cuota líquida del IRPF los bono-bus que se hayan utilizado. Zapatero puede ser receptivo a varias de estas propuestas, empezando por el gravamen a la energía nuclear.

Si se quiere aumentar la recaudación, lo más eficaz es subir el IVA en dos puntos o aplicar tipos impositivos más altos en varios tramos del IRPF. Pero si se pretende sellar una alianza de izquierdas con los impuestos, mejor empezar por las rentas de capital, hacer un guiño recuperando el Impuestos sobre el Patrimonio, e inaugurar la fiscalidad verde con la disculpa de la Ley de Economía Sostenible. El IRPF quedaría para la última reunión de negociación. Resta por ver si en aquellas comunidades donde IU o ERC tienen posiciones de gobierno, se aplican subidas en el tramo autonómico del IRPF o le dejan el trabajo sucio para Zapatero.