La consejera portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, ha matizado las manifestaciones de Iglesias Riopedre sobre el pago del complemento de la carrera profesional para los profesores. El consejero de Educación había adelantado que los funcionarios docentes no tendrían que devolver el dinero, y que el complemento se seguiría pagando bajo la fórmula de un plus de productividad. La propuesta se completaría con la apertura de un nuevo plazo para que se inscriban como candidatos a recibir el complemento los profesores que no lo hubieran hecho en su momento. Esta última posibilidad fue negada por Ana Rosa Migoya.

Desde el Gobierno regional se han hecho ímprobos esfuerzos por retirar los obstáculos que impedían la entente con los sindicatos de la enseñanza. Se ha aceptado convocar una mesa sectorial de negociación, posibilidad rechazada rotundamente durante el curso pasado. Se ha suspendido la evaluación del profesorado, se redujo la evaluación del alumnado (asunto pedido por los sindicatos, no por las familias), se ha acordado suspender cualquier prueba diagnóstica a los alumnos durante los años que son sometidos a una evaluación estatal o internacional, y se promete rebajar sustancialmente las tareas burocráticas de los equipos directivos de los centros escolares y de los profesores. Cuando se han aceptado todas las demandas sindicales no tiene sentido cerrarse en banda por un asunto de menor cuantía: la apertura de un nuevo plazo para unas cuantas docenas de funcionarios despistados u objetores de conciencia que no se adhirieron, en su momento, al protocolo de la carrera profesional. Una cuestión menor, desde un punto de vista político y presupuestario, que puede desencadenar un conflicto con sindicatos y profesores.

Para los intereses generales de Asturias, la cuestión del pago de la carrera profesional a todo el profesorado es otro. Se acepta librar ese complemento, sin dilación, lo que supone una cantidad de dinero que supera lo que se ingresa por el céntimo sanitario, cuando los tribunales habían decidido parar el proceso. Un gran desembolso de recursos que no aporta beneficios. El pago de la carrera profesional a los profesores, como al resto del funcionariado autonómico, se realiza sin ligarlo a la obtención de mejoras en el servicio público. Un éxito de los grupos de presión.