En la entrevista con Jaime Rabanal, que aparece en estas páginas, el consejero de Economía del Principado reconoce que será muy difícil renovar para el año 2010 la cuantía de los presupuestos, que roza los 4.400 millones de euros en el presente ejercicio. Ante la caída de la recaudación fiscal, Álvarez Areces ha anunciado, en el debate sobre el estado de la región, un recorte importante en el gasto corriente, pero no cabe compensar por esa vía el descenso de ingresos por IVA, IRPF e Impuestos Especiales. No estamos ante un simple problema de gestión presupuestaria, sino de programas e idearios políticos.
IU, socio del Gobierno, hace bandera del gasto social, sobre el que no admite recortes. Puede afirmarse que para IU aún es más prioritario el gasto social que la inversión productiva, sin dejar de importarle ésta (exigencia de un calendario de inversiones en infraestructuras al Gobierno central). Las partidas de sanidad, educación y servicios sociales constituyen el 85% de todo el gasto presupuestario, así que por mucho que se reduzca el gasto corriente nunca podrá compensar la pérdida de recaudación de los grandes tributos del Estado que financian los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. Para ajustar ingresos y gastos habría que reducir el gasto social, una posibilidad que veta IU. La otra alternativa pasa por aumentar los impuestos, pero el presidente Areces ya ha advertido que sólo elevará el gravamen del canon del agua.
Es muy ilustrativa la comparación entre la distinta forma que tienen de encarar las dificultades presupuestarias el Gobierno central y el asturiano. En Madrid, de entrada, se asume la crisis, y se reducen los presupuestos en un 3,9%, mientras que IU exige mantener o expandir el volumen de las cuentas en el Principado. En Madrid, se endurece el IRPF (fin a la devolución de 400 euros), se aumenta el IVA en dos puntos, y aumenta el gravamen sobre las rentas de capital entre uno y tres puntos. Todo ello con el objeto de incrementar los ingresos en 6.500 millones de euros. En Asturias, los socialistas no quieren tocar los impuestos. Las ventajas políticas con que cuentan los socialistas asturianos en Asturias para gobernar (pacto estable con IU que les da la mayoría parlamentaria), se vuelven dificultades a la hora de configurar los presupuestos.
REFORMAS
El gasto social supone dos tercios del presupuesto del Principado y el 85% de todos los gastos, así que la más elemental lógica lleva a examinar sus partidas, con el objeto de ver si todas resultan intocables. Cada plaza escolar del área rural cuesta 8.300 euros anuales, el récord de España, así que no es ninguna política neoliberal aumentar la concentración de unidades escolares en villas. Las áreas sanitarias de las alas de la región y de las cuencas mineras han perdido entre un 10% y un 20% de la población desde que se crearon, lo que aconseja compartir infraestructuras y derivar pacientes. No creo que el estado de bienestar se tambalee por esa medida. La aplicación de la Ley de Dependencia se ha concretado en que la mitad de las prestaciones se reducen a pagar sueldos a las personas que cuidan de sus padres o suegros, como lo hacían hasta hace un par de años sin tener la categoría de trabajo remunerado. ¿Es posible mantener ese tipo de asignaciones en medio de la mayor crisis económica de los últimos ochenta años?
El gasto social no sólo se va a mantener, sino que va a aumentar fruto de compromisos llegados con el personal que presta los servicios, y por razones inherentes a la estructura del sistema. El pago de la carrera profesional a más profesores de los que constaban en la primera lista, supone un aumento de recursos. El gasto en farmacia, donde el 95% de las medicinas están exentas del copago (la suma de los medicamentos que consumen los jubilados y los utilizados en los hospitales), ha crecido en el último mes por encima del 7%. Lo mismo cabe decir del salario social, al haber aumentado con la crisis el número de solicitantes carentes de otro tipo de ingresos. Entre el incremento inevitable de algunas partidas y el miedo a afrontar reformas, el gasto social se convierte en el principal problema a la hora de gestionar las cuentas de la región.
SEÑA IDENTITARIA
Para la izquierda el gasto social es una seña de identidad, y la derecha no osa tampoco cuestionarlo. Cuando se debatió en el pasado verano sobre la sanidad, el mensaje del PP era que Areces quería privatizarla, poniendo como ejemplo el servicio de lavandería de los hospitales. Así de sólido es el pensamiento liberal de la región.
Ante la caída de la recaudación tributaria, el mantenimiento de la inversión productiva y las partidas de gasto social sólo serán posibles con un aumento del endeudamiento. El pasado jueves, en Canal 10, el presidente Areces dijo que “podemos endeudarnos hasta en 550 millones”. Lo que supone un incremento de la deuda de un 59%, tras haber experimentado un aumento del 27% en el presente ejercicio. Ahora se ve claro que las alegrías presupuestarias sólo son posibles a costa de hipotecar el futuro, dejando para mañana los deberes que tocaba resolver hoy. El gasto social es asumible, lo que resulta muy caro es convertirlo en tabú.