Continúa la serpiente veraniega de la subida de impuestos. Tras el anticipo de José Blanco, le toca a Elena Salgado relativizar las expectativas del alza tributaria. La segunda vicepresidenta del Gobierno asegura que el Ejecutivo descarta subir los impuestos, «salvo un pequeño ajuste para promover la equidad fiscal». La formulación tiene su gracia. ¿A estas alturas de la película el Gobierno introduce cambios fiscales pensando en la equidad o en enjugar la diferencia entre el gasto público y los ingresos de Hacienda? En plena crisis económica y con el porcentaje de desempleo mayor de la UE no creo que se hagan reformas fiscales pensando en redistribuir la carga contributiva del sistema, sino en salvar el sistema. Despojada la manifestación de Elena Salgado de su envoltura retórica queda el anuncio implícito de una subida de tipos impositivos, que tal vez sólo afecten al IRPF, o a más tributos.

Con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, el Gobierno tiene un margen de maniobra muy estrecho. Una subida generalizada de tributos conllevaría un coste político muy alto. Tanto en la última reforma fiscal aprobada por los gobiernos regionales, como en los actuales anuncios del Gobierno central, se pusieron sobre la mesa dos argumentos para subir los tributos: hacer el sistema fiscal más justo y mantener la calidad de los servicios públicos. El primer razonamiento, muy en la línea del discurso de José Luis Rodríguez Zapatero, es de difícil venta fuera de los ambientes más ideológicos de la sociedad. Si el Gobierno quiere legitimar la subida fiscal con ese argumento tendrá que embarcarse en una campaña de acoso a los ricos, que puede ser muy grata para algunos, pero sólo propiciará tensión social y alejamiento del perfil centrista, algo que nunca hizo el PSOE hasta ahora. Recuérdese que pese a las soflamas izquierdistas de Zapatero en los mítines de 2008, en el programa electoral llevaba como propuesta estrella una bajada del IRPF que beneficiaba tanto a banqueros como a humildes empleados.

La idea de elevar la presión fiscal para preservar la oferta de servicios públicos es más defendible. Pero no se puede llevar a cabo sin dar explicaciones. Hay que demostrar que el gasto en los servicios no admite recortes y que está bien utilizado. La opinión pública no se ve gobernada por una Administración austera.