La Ley de Buen Gobierno ha quedado bloqueada en la ponencia del Parlamento. Los letrados de la Junta General del Principado han podido, por fin, respirar tranquilos, ya que la fase de las incorreciones ortográficas y sintácticas, así como de los disparates jurídico-políticos, ha quedado superada. Tres veces tuvo que pasar el proyecto por el taller para quedar en manos de los parlamentarios. Con los diputados en torno a una mesa rectangular llegaron nuevos disensos. El partido del Gobierno quiere modificar el estatus jurídico del presidente y los consejeros, para lo que se precisa introducir cambios en la Ley del Presidente. Ignacio Prendes (UPyD) propuso entonces modificar también otros aspectos de la Ley del Presidente, como son la limitación de mandatos (dos legislaturas) y la posibilidad de que los diputados puedan votar no en la sesión de investidura. Ahí se armó el taco.

Mencionar cualquier cambio en la sesión de investidura le provoca a los socialistas el mismo efecto que colocar una ristra de ajos ante un vampiro. El sistema político institucional asturiano se diferencia del que tienen el resto de las comunidades autónomas, y el propio Estado, en la forma torticera de regular la sesión de investidura. En nuestro Parlamento no se puede votar negativamente la investidura de un candidato. Un caso único en Europa. El máximo rechazo que se admite es la abstención. Es una barbaridad jurídica y política, hasta el punto de que me gustaría ver qué pasaría si se recurriera ante el Tribunal Constitucional. En la votación más importante del mandato, cuando se escoge quién debe presidir la región durante cuatro años, los diputados no pueden votar no al candidato que se presente aunque les parezca nefasto para el cometido que se postula. En la primera votación se exige mayoría absoluta, pero en la segunda votación basta con que un solo diputado de toda la Cámara vote a favor para que el candidato se convierta automáticamente en presidente de todos los asturianos. Si el grupo socialista quiere cambiar determinados aspectos de la Ley del Presidente, es lógico que Ignacio Prendes quiera modificar algo tan sensible como el bodrio de procedimiento organizado para elegir presidente. Llama la atención el silencio de los demás partidos, si bien es verdad que para discutir a fondo sobre un asunto tan capital los representantes de los partidos no eran en todos los casos los más idóneos.