El Gobierno de Javier Fernández encara un final de mandato glorioso, al aflorar la suma de defectos y carencias de su gestión. A los empresarios de la construcción se les ha agotado la paciencia con las irritantes cifras de licitación de obra pública del Principado y con un sistema de adjudicación que deriva en bajas temerarias. Las organizaciones sociales del tercer sector temen quedar sustituidas por empresas con ánimo de lucro y protestan ante el Gobierno socialista que más ha presumido de conquistas sociales. Los profesionales de la sanidad están hartos de las ocurrencias de los jefes de la Consejería de Salud; era difícil batir el récord de conflictividad en el sector de la sanidad, pero el equipo de Faustino Blanco lo ha logrado. Enhorabuena.

Como colofón a tanto dislate está el frente de las iniciativas legislativas, con un atasco de proyectos de ley en el Parlamento que demuestra cómo el Ejecutivo quiere hacer las cosas aprisa y corriendo antes de disolver la Cámara. Demasiada tarea para tres semanas que restan de legislatura. La Ley de Buen Gobierno ha quedado definitivamente aparcada porque las diferencias entre el Gobierno regional y la oposición son insalvables. Camino de igual final lleva la Ley de Transparencia, ante las exigencias de Foro. Me extrañaba mucho que entre el Gobierno y el principal partido de la oposición hubiera una entente sobre este proyecto. Máxime cuando en la norma aparece un Consejo de la Transparencia encargado de controlar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley que está presidido por el presidente del Consejo Consultivo y en el que toman asiento los vocales de ese organismo. Me parece un auténtico disparate injertar el Consejo Consultivo en medio de la estructura administrativa del Principado para hacer tareas de medición de la transparencia. Una cosa es que en ese organismo estén presentes miembros de la Universidad de Oviedo y de los ayuntamientos, por aquello de formar una “troupe” variopinta y multicolor, y otro que se eche mano del órgano consultivo de asesoramiento jurídico del Principado para darle cometidos ajenos a su función. Foro, al final, ha optado por decir que la Ley de Transparencia queda desvirtuada sin la existencia de Ley de Buen Gobierno –en realidad, son dos caras de la misma norma-, y que el alumbramiento de la ley debería ser fruto de un amplio consenso parlamentario. Ahora las cosas están más claras y transparentes.