El presidente de la comisión de investigación del “caso Villa”, Ignacio Prendes, presentó el informe de conclusiones que deberá ser debatido por todos los miembros de la comisión. El objeto de la investigación era doble, el origen del patrimonio de José Ángel Fernández Villa y la gestión de los fondos mineros. El primer asunto queda en blanco ante la ausencia de declaración del ex secretario general del Soma y la negativa de la Agencia Tributaria a dar información. La cuestión que despertaba más morbo termina en acto fallido.

Sobre el asunto de los fondos mineros, el dictamen se centra en la llamativa secuencia del Montepío de la Minería que recibe dinero del fondo de infraestructuras, con el beneplácito de la mesa de la minería, presidida por Graciano Torre, y con la presencia de los dos máximos dirigentes de los sindicatos del carbón, Villa y Maximino García. Ignacio Prendes solicita la dimisión del consejero de Economía y Empleo, y censura el proceder de los líderes del Soma y de CCOO. También reprueba el proceder de José Antonio Postigo, presidente del Montepío de la Minería, y el de Carlos Fernández, gerente del Instituto para la Reconversión de la Minería del Carbón. Sobre los fondos mineros pide una auditoría del Tribunal de Cuentas y otra de carácter externo para depurar responsabilidades contables. Igualmente, remite el expediente del Montepío a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por indicio de fraude en el cobro de subvenciones.

Prendes hizo todo lo que pudo aunque el balance es muy pobre. La cuestión de las auditorías no debería estar incluida en las conclusiones, como una petición, sino que tendría que haber sido un material de trabajo de la comisión, pero no hay forma de despachar una tarea tan amplia en un par de meses. El Montepío de la Minería es un capítulo reducido dentro de la gran obra de los fondos mineros, así que más del 90% del material queda sin investigar. Desconozco la responsabilidad de Graciano Torre en la gestión de los fondos mineros, aunque sospecho que es limitada. Pedir dimisiones a miembros de un gobierno que dentro de quince días queda en funciones sólo indica el carácter extemporáneo de la comisión. Ahora falta por ver lo que dirán el resto de miembros de la que representan a partidos con más diputados que UPyD. La experiencia del “caso Villa” indica que si no hay unas mínimas condiciones el trabajo de la comisión se degrada.