El proyecto de Ley de Transparencia ha sido rechazado en la ponencia parlamentaria. Los cuatro grupos de la oposición han descalificado la propuesta del Gobierno de Javier Fernández por la cantidad de errores que contiene y la entidad de los mismos. Sólo quedan tres días para subsanar los defectos y la oposición considera, unánimemente, que no hay tiempo material para hacerlo. La portavoz socialista, Judith Flórez, achaca a la actitud electoralista del resto de grupos el resultado final del proyecto. Para Flórez ha primado el interés político sobre el parlamentario; es difícil separar política de actividad parlamentaria, porque esta última constituye una parcela de la primera. El electoralismo es una etiqueta que se pone siempre en el último año de legislatura con el objeto de echar por tierra cualquier iniciativa del resto de grupos, pero en realidad, tan electoralista es decir sí al proyecto de Ley de Transparencia como rechazarlo. El Principado ha dejado para las últimas semanas del mandato una serie de proyectos legislativos para que formen parte del balance de realizaciones del Gobierno regional, en un claro intento por reforzar su desmayada impronta parlamentaria, pero el tiro le salió por la culata al encontrarse con la negativa de la oposición.

No logro entender por qué razón el Ejecutivo de Javier Fernández envía proyectos llenos de errores, de lagunas y de repeticiones. Los proyectos legislativos son redactados por técnicos de la Administración y no hay razones para dudar de su capacitación profesional. Otra cosa es la competencia de los consejeros de Gobierno para dirigir ese trabajo. Puede que también haya influido la mala o nula planificación del Gobierno, juntándose al final del curso parlamentario la confección de varias normas que habían estado guardadas en el cajón. Sea cual sea la causa o las causas del fracaso La Ley de Buen Gobierno y la Ley de Transparencia constituyen un baldón para el Principado.

Es la primera vez que oigo culpar a la oposición de la escasa producción legislativa de un mandato. Puede que no se hagan leyes porque el Gobierno no lo considere necesario, o porque los proyectos no superen el más elemental test de calidad o por ausencia de aliados. Las tres causas entran dentro del ámbito de responsabilidades del Ejecutivo. Ni transparencia ni buen gobierno, en cuanto el PP le suelta la mano el andamiaje de Javier Fernández se desmorona.