Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones, Javier Fernández sube en marcha al tren de la revolución fiscal con la dulcificación del Impuesto de Sucesiones. Tuvo que costarle mucho al presidente del Principado hacer una concesión en el núcleo de su discurso ideológico, que en materia de Hacienda se concentra en el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y la parte del IRPF que afecta a las rentas altas. Tres figuras fiscales y un solo sujeto pasivo: los ricos. Al menos, tal como los entienden en la FSA, que consiste en cualquier familia que ingresa más de 50.000 o 60.000 euros, es propietaria de dos pisos y aspira a que sus hijos reciban en herencia sus ahorros. Nunca hasta ahora había hecho el secretario general de los socialistas una concesión en esa materia. ¿Es creíble el anuncio o se trata de propaganda electoral?

Javier Fernández, como tantas personas –no hace falta que sean políticos-, está más condicionado por la carga ideológica que por las observaciones de la vida real. Es fácil reconocer en sus decisiones sobre ingresos y gastos, como gobernante, la influencia de los prejuicios ideológicos. Los asturianos sufrimos las consecuencias de tener unos tributos más altos que gallegos, cántabros o castellanos. La razón de ese trato desigual no consiste en hacer una sociedad más justa o en obtener dinero para relanzar la economía, sino en mantener el coste abusivo de un sector público sobredimensionado. Un sector acrecentado por el PSOE en los últimos 16 años. ¿Qué chiringuitos sobran? Gran parte de los creados en estos tres lustros. En el dogma socialista consta que una Administración fuerte es bueno para todos, pero nunca quieren aplicar una contabilidad de costes, para que se vea todo lo que nos cuesta cada empleo público: el incremento fiscal, más los mil millones de euros de deuda que firmó Javier Fernández. En lo que va de semana, seis millones (mil millones de pesetas) más de deuda.

Al empezar el mandato el presidente anunció en el Parlamento una reforma de la Administración que se plasmaría en tres leyes. Más allá de algunos cambios en la rotulación de organismos y edificios, la legislatura termina con la Administración intacta. Lo mismo sucederá con los impuestos. En el 2014, el PIB de Asturias creció la mitad que en España. Se mantiene el modelo de sacarle dinero a ciudadanos y empresas para pagar sueldos de la Administración. A eso le llaman la cadena del valor.