En las conversaciones entre los portavoces parlamentarios para la gobernabilidad de las instituciones autonómicas está incluida la composición de la Mesa de La Junta General del Principado que se constituye la próxima semana. En ese órgano debe quedar reflejada la proporcionalidad de los grupos, algo sencillo de llevar a cabo cuando había muy pocos partidos parlamentarios y no tan sencillo de realizar con la existencia de seis grupos, como ocurre en la actualidad. La Mesa está compuesta por un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios, así que hay más grupos parlamentarios que sillones, en esta ocasión. La idea de incorporar a vocales con voz, pero sin derecho a voto, es un parche que sirve para legislaturas con mayorías parlamentarias holgadas, que tienen el control de la Mesa, pero para un mandato tan abierto como el actual no es una medida satisfactoria. La normativa vigente no es válida para una distribución de escaños como la salida de las urnas del 24-M. Si cada partido se vota a sí mismo, los cinco puestos de la Mesa van a parar al PSOE y al PP. Los otros cuatros grupos parlamentarios, que tienen veinte escaños, se quedarían sin representación.

Javier Fernández hizo alguna referencia genérica a la necesidad de plasmar la pluralidad en la Mesa, pero a saber qué entiende el candidato socialista por tal cosa. Pueden darse resultados verdaderamente sorprendentes por la vía de los pactos secretos entre dos partidos. En el año 2011, con Foro como partido ganador de los comicios, Fernando Lastra se puso en contacto con Joaquín Aréstegui y Fernando Goñi presidió el Parlamento. El PP, tercer partido de la Junta con sólo diez escaños, se ponía al frente de la Cámara autonómica. El PP lograba con diez diputados lo que el PSOE le había negado en los dos mandatos anteriores en que había alcanzado 19 y 20 escaños, dejándolo relegado a una vicepresidencia segunda. IU, con la quinta parte de diputados que el PP, tenía más peso en la Mesa. El acuerdo para encaramar a Goñi a la Presidencia fue el inicio de la operación de acoso y derribo realizada por PSOE y PP contra el Gobierno de Cascos.

Si en un sitio deben estar protegidas las minorías es en el Parlamento. La Mesa se atiene a una regulación chapucera, al igual que la sesión de investidura se rige por una pauta que choca con la democracia como es impedir el voto negativo. El miedo de la transición a los excesos de libertad llevó a estos dislates institucionales.