Sobre la financiación de la actividad de los parlamentarios los grupos políticos se dividen en dos bandos, en uno está Podemos y en el otro se encuentra el resto. Es cierto que cada grupo aporta sus matices, pero en líneas generales tienen posturas coincidentes. Podemos es el único que está empeñado en rebajar a la mitad el dinero que reciben los grupos parlamentarios, quiere disminuir el número de asesores (en este asunto se muestra más prudente que al principio cuando quería dejar los 47 asesores reducidos a 23) y plantea el conocido tope de 1.950 euros para el salario de los diputados. A los demás, todo esto les parece una barbaridad.

La polémica asignación de casi medio millón de euros a cada grupo parlamentario no crea ninguna duda en los partidos de la mayoría porque el gasto de esa partida tiene el visto bueno de la Intervención. El control de la Intervención está muy bien, pero eso no quiere decir que los grupos parlamentarios necesiten una cantidad tan grande para hacer su labor, habida cuenta que los diputados ya reciben sueldo y dietas de transporte, y también gozan de financiación para contratar asesores. Las críticas de Podemos no están descaminadas, con la excepción de la cuantía de los sueldos, donde tal parece que pretenden someter a un rito penitencial a los diputados de los partidos clásicos para que expíen por los pecados de tanto colega corrupto.

Sobre esta materia, Llamazares ha realizado unas extensas declaraciones, de las que destacan tres afirmaciones: la discusión sobre los dineros dificulta el acuerdo programático; existe el peligro de ir a un Gobierno fuerte con un Parlamento débil, sin recursos; desde la primera reunión de la Mesa de la Cámara se entró en un impasse parlamentario y político, porque todo está parado. En efecto, el debate sobre asesores, sueldos y “fijos” puede afectar a un hipotético acuerdo de la izquierda, porque estas cuestiones han dejado de ser anécdota para convertirse en categoría. El tándem, Gobierno fuerte y Parlamento débil, no es una expectativa, es parte de la realidad asturiana, y no precisamente por problemas de falta de recursos. Hay que cambiar la regulación de la sesión de investidura y tomar medidas desde la Mesa que aumenten el grado de exigencia y control del Gobierno. En cuanto al impasse político y parlamentario toca decir que no es algo excepcional, sino una ajustada descripción del estado normal de nuestro Parlamento.