El reparto de los recursos económicos entre diputados y grupos políticos es una cuestión espinosa en todos los parlamentos. Lo habitual es que se produzca un rápido consenso sobre la propuesta que hagan los grupos mayoritarios y de esa forma no se detiene la atención sobre un asunto que ven de forma radicalmente opuesta los ciudadanos y los políticos. Un ejemplo escandaloso se produjo hace diez años, cuando se sometió a debate y votación del Congreso de Diputados un plan de pensiones para sus señorías. La propuesta ganadora recogía que cualquier diputado con siete años de antigüedad en el escaño recibiría la pensión máxima y en el caso de que no hubiera llegado a la edad prevista para ser pensionado, cobraría una cantidad por idéntico importe hasta que alcanzara la edad. Votaron todos a favor, desde PSOE (gobernaba Zapatero) y PP, pasando por IU, CiU, PNV, Coalición Canaria, nacionalistas y regionalistas varios, hasta los amigos de ETA. Ni una abstención. Si la gente se hubiera enterado del momio aprobado se hubiera organizado una bronca, porque la mayoría de las pensiones de la gente normal no llegan a mil euros. Por eso tuvo un tratamiento exprés.

Decía antes que los ciudadanos lo ven de forma muy distinta, porque en cualquier encuesta por la calle, nueve de cada diez personas optan por decir que habría que “bajarles los sueldos a los políticos”. La respuesta es ya de por sí profundamente contradictoria, porque a los diputados nadie les puede bajar los sueldos, tienen que ser ellos mismos quienes lo hagan. Los diputados sólo están en precario en un periodo muy corto de tiempo, el que va desde la disolución de la Cámara hasta la noche electoral. El resto del tiempo son completamente autónomos, no dependen para nada de las valoraciones sociales y tienen un amplio margen de disposición sobre el dinero que asignan a los grupos parlamentarios, el número de asesores que contratan y los sueldos que van a cobrar. El único problema es cuando alguien discrepa. Entonces el foco de la atención se detiene sobre sus cabezas y la situación se vuelve muy incómoda. Eso es lo que pasa ahora en Asturias con las tesis discrepantes de Podemos. En la pasada legislatura se estuvo seis meses discutiendo sobre las retribuciones de los diputados. Costó mucho que renunciaran a cobrar dietas los 365 días del año por ir a trabajar. Era un atraco, pero no fue fácil eliminarlas. No creo que la mayoría haga más concesiones.