Las comparecencias de los nuevos consejeros en la Junta General del Principado para explicar sus planes permiten ver los problemas que prioriza la clase dirigente en nuestra región y las soluciones que va a aplicar.
Por la Cámara han desfilado ya los consejeros de Sanidad, Educación y Servicios y Derechos Sociales. Se trata de los grandes servicios públicos, sobre los que se asienta el autogobierno; los que consumen más recursos (casi 3.000 millones de euros), los que cuentan con más personal (dos tercios del ejército autonómico), y los que ofrecen un campo más propicio para el debate político.
En las exposiciones de los consejeros se palpó la carga ideológica que orienta los discursos y el peso de la acción de los sindicatos en la gestión de los servicios públicos.
SANIDAD
Empecemos por la Sanidad. Francisco del Busto, el nuevo consejero, señaló que las líneas rojas de su gestión serán el mantenimiento de las jornadas de tarde y la renuncia a las “peonadas” (horas extra). ¿Por qué son líneas rojas? Sólo hay una razón: constituyen el punto de fricción con el Sindicato Médico. El trabajo de tarde es interesante con la mira puesta en los enfermos, pero trabajar una hora a la semana, de media, no sirve para nada. No entiendo tanta bronca por treinta minutos de jornada cuando no se obliga a fichar a nadie. Si se quiere establecer un turno de trabajo de tarde, con todas las consecuencias, entonces hay que contratar a mucho más personal. No parece que vayan por ahí los tiros.
Sobre las “peonadas” Francisco del Busto tiene las cosas claras: “no resuelven el problema, simplemente retrasan sus efectos”. Las peonadas se establecieron para rebajar las listas de espera, verdadero agujero negro de la asistencia hospitalaria. En 2011, siendo consejero de Sanidad, José María Navia Osorio, puso en práctica las “peonadas” y dejó de haber pacientes con más de seis meses de lista de espera. Máxima eficacia. El pasado mes de julio, la lista de espera quirúrgica estaba en los 18.600 pacientes, 546 de los cuales llevaban más de seis meses esperando ser llamados al quirófano. No se puede hablar de la alta calidad de la Sanidad asturiana con estos parámetros.
Francisco del Busto hizo dos anuncios muy positivos: se volverán a publicar puntualmente los datos sobre demoras quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas, y se incrementarán las derivaciones a centros concertados. Ocultar la información de las listas fue un síntoma claro de que el anterior consejero y su equipo habían perdido la batalla de la asistencia hospitalaria. Recurrir a los centros concertados es una estrategia elemental para evitar el colapso en la Sanidad. Esta última medida traerá problemas con otros partidos de izquierda.
EDUCACIÓN
El consejero de Educación manifiesta una honda preocupación por la Llingua. Habló de potenciar al máximo la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, introduciendo la Llingua en la etapa de Infantil. Estoy seguro que con esos planes sintoniza más Gaspar Llamazares que Javier Fernández, lo que explica el especial papel que jugará el consejero dentro del Gobierno.
Llama la atención la disposición militante hacia la Llingua y la relajada contemplación ante el desastre del aprendizaje del inglés: se elaborará “un informe detallado con Inspección” (programa bilingüismo) para “detectar sus fortalezas y sus debilidades”. El programa va mal, por decirlo de una forma moderada. Al empezar el anterior mandato, algo dijo Ana González de ello, pero luego no hizo nada. En la Universidad, los másteres bilingües se consideran de excelencia, pero en las etapas educativas que toca aprender inglés seguimos pendientes de informes orientativos.
El consejero, amante de la escuela rural por razones biográficas, anuncia que acometerá una revisión en profundidad del mapa escolar. Me temo que esa revisión conllevará el cierre de colegios rurales, porque el coste de la plaza escolar en alguno de ellos está en 10.000 euros por curso y alumno. Un caso único en España.
Riopedre decía que le iba a dejar a su sucesor un breve informe con las fusiones pendientes. Imagino que no las llevó a cabo en aras a la paz sindical. Veremos qué pasos da Genaro Alonso en esa dirección.
DERECHOS SOCIALES
Pilar Varela anuncia que dentro de un año todas las prestaciones del salario social y la Dependencia se realizarán en los plazos reglamentarios. La consejera tiene experiencia en gestión y lo dice con rotundidad. La partida del salario social excederá los 100 millones de euros el próximo año, una cantidad inimaginable hace cinco o seis años. Con 14 diputados es muy difícil abrir un debate sobre la cuestión, aunque en privado más de uno, de dos y de tres dirigentes socialistas dicen que hay que reconducir esa prestación.
Hay otros datos paradójicos. Para el programa de pobreza energética, el Principado repartirá un millón de euros entre los 78 ayuntamientos, mientras que el Ayuntamiento de Gijón, para el mismo fin, reserva más de un millón. ¿Cómo puede un consistorio, con un presupuesto de 300 millones, dar a sus vecinos más que el Principado, con 4.000 millones de presupuesto, a toda la región? Les hago un pronóstico: cuando entre en acción la patrulla del rescate ciudadano se procederá a la multiplicación de panes y peces. Hay que tener fe.