El penúltimo día de la campaña electoral catalana estuvo marcado por el numerito del balcón en el Ayuntamiento de Barcelona, donde concejales de ERC colgaron una “estelada” ante la plaza llena de gente con motivo de la Fiesta de la Merced. Dos concejales del PP, Alberto Fernández y Ángeles Estela, trataron de replicar haciendo lo mismo con una bandera española, pero la enseña constitucional apenas pudo estar desplegada unos breves segundos porque la gente de ERC y de Barcelona En Común la quitaron, ante la mirada sonriente del presidente de la Generalitat y de la alcaldesa de Barcelona, que estaban a un metro de distancia.

El incidente resume muy bien cómo se desarrolla esta campaña electoral, con los nacionalistas y sus adláteres ocupando el centro de la escena y tratando a escobazos a los representantes de las opciones constitucionalistas. En ese ambiente hay que calificar de héroes a Alberto Fernández y Ángeles Estela por atreverse a desplegar la bandera en el balcón. Si Rajoy y Sánchez hubieran actuado, a su escala, como Fernández y Estela, la disputa electoral sería mucho más reñida.

Los procedimientos democráticos, que tienen su más completa expresión en la colocación de urnas, recepción de papeletas y recuento de las mismas, funcionan con normalidad cuando hay un clima de absoluta libertad y respeto instalado en la sociedad y en las instituciones. En el momento en que la calle es más de unos que de otros, los medios de comunicación viven del dinero de unos y no de los otros, y los gobiernos (autonómicos y municipales) participan en acciones de fuerza para amedrantar a los rivales, la democracia se cuartea y el resultado de las urnas queda sesgado. Eso es lo que ocurre en Cataluña. Desde la etapa del ex honorable Pujol, aplican en esa tierra la ley del embudo, con absoluta permisividad para los catalanistas y prohibición de usar el castellano para anunciarse a los tenderos. Todo eso lo sabía Rajoy, y debía haber actuado de una forma muy distinta desde septiembre de 2012, cuando Artur Mas se tiró al monte y anunció una consulta sobre el derecho a decidir. Rajoy metió la cabeza debajo del ala y dejó huérfana a la parte de la sociedad catalana que se siente española y respeta a la Constitución. Por duro que resulte hay que decir que el Estado dimitió en Cataluña, y dejó a los ciudadanos a la intemperie del ruido y la furia de los independentistas que utilizaron las instituciones contra ellos.