UN ACUERDO IMPOSIBLE
El pacto más difícil de alcanzar en la política española es el de la financiación autonómica. Mariano Rajoy, durante los seis años y medio que estuvo en el poder, rehusó intentarlo. Pedro Sánchez dijo que iba a consensuar un nuevo modelo, pero cuando le explicaron los obstáculos que había que salvar cambió de opinión y transfirió dinero extra a las regiones que creyó conveniente hacerlo. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana. El último acuerdo data de los tiempos en que Elena Salgado era ministra de Hacienda, y el pacto fue posible gracias a que el Gobierno central puso 11.000 millones de euros más sobre la mesa y al recurso de confidencialidad: la ministra se negó a decir en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera cuánto mejoraba cada comunidad autónoma con respecto al dinero que recibía con el modelo anterior. Conclusión: si se aprobase ahora un nuevo sistema tendría que aportar mucho dinero extraordinario el Estado para aplacar la sed de los gobiernos autonómicos y recurrir a la opacidad para que no surjan los agravios comparativos entre regiones.
Un elemento básico para calcular el dinero que debe recibir cada territorio es la población. El número de habitantes es un dato conocido, pero a la hora de financiar el gasto es distinto si una región tiene muchos viejos (mayor gasto sanitario y asistencial, en general) o muchos jóvenes (mayor gasto educativo). A partir de aquí se elabora un concepto técnico, como es la «población ajustada», para empezar a afinar los cálculos. Quedémonos con lo fundamental: importa el tamaño de la población, pero también cuenta qué características o rasgos tienen los habitantes de cada territorio. Hace nueve años, en la negociación con Elena Salgado, el Principado exigió que se valorase en mayor medida el envejecimiento de la población y su dispersión por el mapa asturiano. De cara a una hipotética nueva negociación, la demografía será un elemento básico. En principio, como es lógico, a más habitantes corresponde más dinero, pero también habrá que financiar el coste de luchar contra el declive demográfico. La problemática de la llamada ‘España vacía’ será un arma en manos de regiones como Asturias, Galicia o Aragón. Las comunidades ricas (Madrid o Cataluña) dirán que cada vez tienen más gente demandando prestaciones públicas, y nosotros diremos que cada vez tenemos menos gente para sostener el territorio. Será preciso mucho dinero y sosiego político. Justo lo que falta.