Hay que aclarar que el precio de la electricidad no lo fija el Gobierno, aunque tiene mucho que ver en ello como ocurre en todos los mercados fuertemente intervenidos. En las llamadas industrias electrointensivas, empresarios y trabajadores tienen añoranza de los tiempos, no tan lejanos, en que regía la tarifa G-4, y el coste energético era mucho más bajo que en la actualidad. La Comisión Europea no permite ese tipo de tarifas obligando a diseñar otro tipo de sistema, por eso el Gobierno aprobó un estatuto para las plantas que consumen más energía. PSOE y Ciudadanos dicen que se ponga en marcha el flamante estatuto y se quedan tan contentos. PP y Foro consideran que es un parche. Las ayudas contenidas en la nueva norma, sumadas a las que ya había, no superan los 112 millones de euros. Una cantidad ridícula que queda cuarenta millones por debajo de la contemplada en los presupuestos de 2018, gracias a una enmienda introducida por Foro y aceptada por Rajoy. Además, el estatuto abre la puerta a muchas factorías en vez de centrarse en las industrias electrointensivas, donde la factura energética supone alrededor del 40% del coste de fabricación. En definitiva, el actual estatuto no aporta nada a ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alcoa.

Al hablar del precio de la electricidad, Paloma Gázquez considera que no deben cerrarse las térmicas de carbón ni las centrales nucleares. Sofía Castañón está de acuerdo con el carbón, pero quiere cerrar las nucleares que son las que más han contribuido al suministro energético en 2018 y las que resultan más baratas. Conclusión: todo depende del modelo de gafas con que se mire la cuestión.