Asturias no tiene peso político en el conjunto de España para que los programas de los cuatro grandes partidos contemplen medidas específicas para la región. La campaña electoral no es una excepción, sino que sigue la tónica general de ninguneo palpable a lo largo de la pasada legislatura. Quizás el asunto más lacerante es el relativo al cambio climático, al ver a PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos apoyando sin reservas la transición energética exprés, dispuestos a cerrar las quince térmicas de carbón (cuatro en Asturias) aunque hayan invertido una millonada en tarea de desnitrificación y desulfuración, que son a la postre las únicas que aportan beneficios para la salud, ya que la reducción del CO2 combate el cambio climático, pero no tiene ninguna incidencia en tumores o en enfermedades cardiovasculares, ni en ningún otro síndrome. El cambio climático ha fortalecido el pensamiento único; conservadores, liberales, socialistas y radicales consideran que cuanto más rápido nos convirtamos a la religión de las renovables, mejor. Por seguir esa senda se gastó dinero sin cuento en la primera década de este siglo apostando por energías novedosas que apenas estaban desarrolladas y aportaban más costes que beneficios. Con Zapatero fuimos líderes mundiales en energía fotovoltaica y durante 25 años estamos pagando una factura fabulosa. Los cuatro líderes nacionales cambian de discurso cuando llegan a Asturias, pero lo importante es lo que dicen y pactan en Madrid, verdadero centro decisional.
Algo muy distinto ocurre con Cataluña o el País Vasco, territorios con derecho a que el Estado les confeccione un traje a la medida. La industria vasca tuvo la comprensión de los presupuestos de Rajoy, mientras que su homóloga la asturiana se quedaba a dos velas. Cuando una enmienda de Foro permitió la reserva de 150 millones para homologar la industria asturiana con la vasca, la mitad de esa cantidad se quedó sin gastar. El trato a Cataluña entra de lleno en la descripción clínica del masoquismo, porque los complot de los catalanistas contra el orden constitucional y la larga serie de desprecios fueron acompañados de un programa de financiación especial (Fondo de Liquidez Autonómica), redactado para las necesidades de Cataluña, que debe ya más de 70.000 millones de euros y espera el próximo mandato para que le condonen las deudas. Quieren ser soberanos, pero que el Reino de España asuma sus pufos. Quedan ocho días para alzar la voz.