En esas estábamos, cuando la delegada del Gobierno, Delia Losa, anunció ayer que no se va a aprobar el estatuto en el último Consejo de Ministros de la legislatura, porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha planteado objeciones sobre la seguridad jurídica del estatuto. No es un informe vinculante, pero el Gobierno ha decidido actuar como si lo fuera, al detener la aprobación. Dentro de dos meses expira el plazo concedido por los propietarios de las factorías de Alcoa para venderlas. De no materializarse la compraventa, los dueños marcharán para su casa y el solar quedará yermo. Si la situación era muy delicada, con el contratiempo surgido la situación se vuelve límite.

Delia Losa tiene una visión mucho más optimista. La delegada del Gobierno dice que hay tres potenciales compradores que ya han dicho que no precisan de la aprobación de un estatuto para industrias electrointensivas. Que «no afecta a su interés». Espectacular. El consumo eléctrico supone el 40% del coste de fabricar aluminio primario, y a los futuros compradores no les importa rebajar la factura. Van de sobraos. De ser cierto, en vez de constituir un alivio, representa un motivo añadido de preocupación, ya que su plan de futuro no pasará por recuperar la electrolisis y fabricar aluminio, sino por achatarrar la factoría o algo similar. Con elecciones el domingo, alguno corre el riesgo de electrocutarse.