La consejera de Educación presidió la primera reunión de la comisión de conciertos educativos para decidir el número de unidades (clases) que tendrán los colegios concertados en el próximo curso. Lydia Espina llevó una propuesta que, según ella, «equilibra con la escuela pública la pérdida de alumnado». Es de sobra conocido que la caída de la natalidad es un fenómeno que afecta a toda la comunidad autónoma y cada vez hay menos demanda de escolarización. Todos los años se cierran unidades en las dos redes, pública y concertada. No queda otro remedio. Si el proceso se hace de una forma equilibrada, habrá que asignar los recortes en proporción al tamaño de ambas redes. También se pueden utilizar otros criterios, como cerrar unidades donde hay una mayor diferencia entre demanda y oferta. Como los procedimientos son variados, la Consejería de Educación propone tomar como base la ratio de alumnos por clase de cada concejo, junto a las unidades que hay actualmente, teniendo en cuenta la evolución de la matrícula y la previsión de las necesidades de escolarización. Desde que se acordó el último dimensionamiento de la red concertada hubo una pérdida de 1.826 alumnos que supuso el cierre de 62 unidades. Sea cual sea el método que se siga para reordenar la red, deben cumplirse dos requisitos: total transparencia y consenso en la solución que se adopte.

Es un asunto delicado para cualquier gestor. Era muy agradable construir colegios por todos los rincones de la región, como ocurría con la red pública en los años ochenta del pasado siglo. Ahora estamos en el proceso contrario, con cierre de unidades y colegios. Aunque la mayoría de la sociedad lo vea de otra manera, a mí siempre me pareció que sólo hay dos tipos de redes: la pública y la privada (financiada, exclusivamente, por los padres de los alumnos). La red concertada no deja de ser una variante de la red pública, de forma que, aunque la propiedad de los colegios sea privada, la financiación es la misma: los impuestos de los ciudadanos. Centros públicos y concertados sólo se diferencian en dos cosas: la propiedad de los inmuebles y la naturaleza funcionarial del profesorado de la pública. El ideario del centro pasa por el ‘nihil obstat’ de la autoridad. Como el que paga manda, el Principado puede decidir sobre colegios públicos y concertados, ahora bien, gozar de esa potestad también conlleva obligaciones: proteger y potenciar de la misma manera los dos tipos de centros, porque en ambos el dinero que se gasta es de todos.