El salario social, una prestación por la que IU peleó mucho dentro del Gobierno de coalición con el PSOE, en la primera década del siglo, estuvo presente en el debate parlamentario de las sucesivas legislaturas. El crecimiento de la partida, que llegó a superar de largo los cien millones de euros, planteó dudas sobre su sostenibilidad. No obstante, el flanco débil de la prestación estaba en que se convertía en una renta permanente para sus perceptores. No era una ayuda para periodos desgraciados de la vida, como la pérdida del empleo, sino una cantidad fija que se recibía para siempre. Cuando se ideó la subvención, se pensaba que el salario social tendría un carácter provisional hasta que el perceptor encontrara un trabajo. Salvo excepciones, no fue así. La prestación, lejos de ser un estímulo para salir adelante, se convirtió en un sucedáneo del trabajo: la cuantía es pequeña, pero permite vivir sin dar palo al agua.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, quiso romper esa dinámica y advirtió de que aquellos que no atiendan las llamadas de la Administración perderán el salario social. Como siempre que un responsable público habla en plata, se alzaron voces escandalizadas por la supuesta falta de sensibilidad de la consejera con los perceptores del salario social. Que se pervierta la prestación y se convierta en un subsidio permanente, que no exige compromiso alguno por parte del que lo cobra, a los críticos les trae al pairo. El dinero público cae del cielo, regalo de los angelitos.

A la hora de aplicar la propuesta, la Consejería le pasa la patata caliente al Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). Lo siento por Pilar Varela. Le tocará al Sepepa analizar la situación de más de 13.000 perceptores «para ver si pueden entrar en el mercado laboral o necesitan de otro tipo de ayudas».

Revisarán su Plan Personalizado de Inserción Social (‘pepis’) para analizar su formación, atención sociosanitaria, etcétera, para ver si pueden trabajar. Cada uno de esos trámites trae consigo incorporadas más cuestiones. Todo muy rápido, ágil y sencillo. Añadamos a lo anterior que los servicios públicos de empleo en España no se caracterizan por convertir a muchos parados en empleados. Al contrario. La pregunta es, ¿no se puede hacer de otra manera?, ¿no pueden los servicios sociales tener anotados todos esos datos desde el momento en que alguien demanda el salario social? La Administración, ella solita, se va a encargar de dejar todo como está.