La primavera española está caliente por doble motivo, las altas temperaturas ambientales y las huelgas en los más variados sectores laborales. Los sindicatos llevaban muchos años amenazando con el ‘otoño caliente’, consigna mítica de los sindicatos italianos en 1969 (‘autunno caldo’), dando paso a un movimiento de protesta que logró grandes subidas de sueldos y abrió una década de estancamiento y desconfianza social en el país transalpino. Pues bien, pese a las amenazas de nuestros sindicatos, los otoños fueron pacíficos durante los años pasados, pero en la presente primavera las huelgas se entrelazan: funcionarios de Justicia de todas las categorías, transporte de viajeros en Navarra, trabajadores del metal en Lugo, sanidad pública en Madrid, trabajadores de Amazon en Sevilla, autobuses en Galicia, médicos en Canarias y Valencia, trabajadores de Adif y un larguísimo etcétera. En el mundo laboral hay una insatisfacción generalizada y la causa inmediata está en las mil reivindicaciones concretas de cada fábrica o servicio, pero el telón de fondo de los conflictos no es otro que la inflación. El alza de precios siempre sirvió de mecha para las huelgas. En España conocimos una etapa muy larga de conflictos, en los años setenta y ochenta del siglo pasado, con las crisis del petróleo. Subían los precios y los trabajadores respondían con protestas.

Le toca a la sanidad asturiana. El único sindicato, Sicepa-USIPA-SAIF, que quedó al margen de los acuerdos alcanzados en los meses pasados, registró un preaviso de huelga. En las recientes elecciones sindicales salió reforzado y ahora convoca el paro para los días 10 y 12 de mayo, dos semanas antes de las elecciones. Imaginen el papelón de los candidatos socialistas, diciendo que tenemos la mejor sanidad de España y los médicos y enfermeras de Atención Primaria, de Atención Urgente Hospitalaria y de Atención Continuada en huelga. Los servicios más sensibles para el ciudadano advierten de que se van a quedar mano sobre mano si no se negocian sus reivindicaciones. Creo recordar que los dos acuerdos alcanzados en invierno costaron 23 millones de euros al Principado. La factura se va a elevar. Simplificando, habrá que pagar más y contratar a más gente. La cuestión de fondo es complicada y grave, pero me voy a quedar con un asunto que va más allá de lo sanitario. Llevamos año y medio oyendo hablar de pacto de rentas y los gobiernos (central y autonómicos) no hacen nada. Así les estallan los conflictos en la cara.