Comenzó la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia, un colectivo de 45.000 empleados públicos, 1.500 de ellos en Asturias. La negociación de los representantes sindicales con los ministerios de Justicia y Hacienda no ha dado ningún fruto. La convocatoria del paro estaba cantada, tras la larga huelga de los letrados y la abortada huelga de jueces y fiscales que se solucionó, in extremis, con un incremento salarial de 450 euros brutos al mes, junto con otras mejoras, como el aumento de las plantillas con 200 plazas. Pensar que los auxiliares, oficiales o agentes van a quedarse cruzados de brazos mientras se llega a pactos con la parte alta del escalafón es absurdo. Puedo entender que hayan dado prioridad a solucionar los problemas con las seis asociaciones de jueces y fiscales con las que firman hoy el acuerdo, pero para el buen funcionamiento de la Justicia es preciso el concurso de todos, ya que el paro de los escalones inferiores del ministerio paraliza la actividad judicial y añade más retrasos a los expedientes que se acumulan en las oficinas. La valoración del servicio de la Justicia (es un poder del Estado, pero también tiene la vertiente de servicio público, como la Educación o la Sanidad) es muy baja en nuestra sociedad, por múltiples razones, entre las que destaca la lentitud. Anular juicios, como empezó a ocurrir ayer, o señalar vistas para el año 2024, degrada la imagen de la Justicia. Sin duda, le toca al Gobierno mover pieza.

Las huelgas habidas (letrados), las convocatorias levantadas (jueces, fiscales) y los paros que se están realizando tienen un mismo telón de fondo. Toda la población está afectada por el incremento de precios. Siempre que hay inflación los asalariados protestan para amortiguar, en lo posible, la pérdida de poder adquisitivo. Es una dinámica que se dio en las geografías más distantes, en el presente y en el pasado. A ello hay que añadir una particularidad propia del presente español: el Gobierno central tiene más dinero que en los años pasados. No deflactó el IRPF de los contribuyentes y la recaudación tributaria está en máximos.

Por si todo esto no fuera suficiente para provocar la respuesta sindical, resulta que el presidente del Gobierno anuncia todas las semanas beneficios millonarios para distintos colectivos, con la esperanza de que voten socialista. Así que hay dinero para subvencionar la entrada en los cines y no lo hay para defender a los asalariados del alza de precios. Extraña forma de proceder.