En una región como la nuestra, donde el porcentaje de jóvenes entre 16 y 30 años es de los más bajos de Europa, en que los más de 300.000 jubilados gozan de las segundas pensiones más altas del país, donde el cambio político siempre se aplaza para la siguiente legislatura, y en la que el ejército sindical ya pasó a la historia, una noticia como la que abrió la edición del pasado domingo de este periódico («El Gobierno destina a bonificar el Huerna mucho menos dinero del que tiene autorizado») todavía causa asombro e irritación. No se entiende que el Principado nunca haya barajado ese hecho en las negociaciones con el Gobierno. Ovidio de la Roza, presidente de la patronal del transporte, Asetra, pone el dedo en la llaga al considerar un abuso que haya fuertes subidas del precio del peaje (el 5% al uno de enero), cuando hay un remanente tan grande sin utilizar: 260 millones inmovilizados.

Tras la noticia, el discurso del Principado se ha convertido en papel mojado. Ya no tiene sentido argumentar, como hizo el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, que no se dan las condiciones financieras para rebajar el peaje. Es justo al contrario: la situación económica es magnífica, con tantos millones sobrantes, lo único que falta es voluntad política. El Principado, si no le temblaran las piernas en la negociación, pondría el acento en el trato desigual que recibimos en comparación con la Autopista del Atlántico, que tiene unas generosas bonificaciones, objetivo arrancado gracias al apoyo del único diputado del BNG a la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2019. Este trato desigual y el dinero inmovilizado, pese a estar presupuestado, crean una doble situación de agravio.

La presidenta de la Fade, María Calvo, afirmó sin ambages que el «el objetivo de Asturias debe ser la supresión del peaje». No debemos resignarnos a estar otros 26 años pagando una tarifa que aumenta, porcentualmente, por encima del incremento que tienen sueldos y pensiones. En los primeros 18 años del siglo, el incremento del peaje (81,7%) duplicó a la inflación en ese periodo (41%). La presidenta de la patronal propone, mientras no se logre el objetivo, amortiguar el impacto del sobrecoste en viajeros y mercancías. Anima a «las administraciones a dedicar todos los recursos disponibles para acabar con las desventajas comparativas de nuestra región». Ojalá se logre, porque la triste realidad muestra que hasta el día de hoy las administraciones son las causantes de muchas de las desventajas que padecemos.