Los trabajadores de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) vuelven a la huelga. La mediación del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial (Sasec) no ha servido para llegar a un acuerdo. El día 22 habrá una nueva reunión para tratar de encontrar una salida, pero, mientras tanto, los automovilistas tendrán que optar entre ir a las estaciones de fuera de la región o arriesgarse a ser multados. En este momento el tiempo de espera para ser atendido oscila entre más de ochenta días y menos de ciento veinte, según el lugar elegido. Hay una larga cola de espera: se nota que estamos en Asturias. Lo mismo ocurre cuando necesitas un escáner, una consulta con el oftalmólogo, una prótesis de cadera. Largas colas a la espera de una plaza en una residencia para la tercera edad. Hasta hace bien poco, para cualquier trámite administrativo, también había colas en ayuntamientos y Principado. Los protocolos de la pandemia dejaron una inercia muy gravosa para los ciudadanos, al verse obligados a ponerse a la espera unos detrás de otros.

Las consecuencias de la huelga intermitente de las ITV las pagan los asturianos. Demandan que les presten un servicio por el que pagan, pero nadie les tiene en cuenta. Asturias y Andalucía son las únicas comunidades autónomas donde las ITV están en manos de empresas públicas dependientes de la Autonomía. No tienen competencia, los ciudadanos tienen que acudir a sus servicios les guste o disguste. Como somos la región de lo ‘público’, tenemos asegurado que aquí no hay competencia, que es tanto como decir que las empresas no tienen incentivos para mejorar, para competir. El otro día veíamos en estas líneas cómo en la enseñanza privada (concertada y los colegios de pago) sacaron en la prueba PISA unos resultados mucho mejores que la enseñanza pública. ¿Tienen más medios? ¿Son mejores? En absoluto. La razón estriba en que la subsistencia de los colegios concertados depende de mantener la cifra de alumnos matriculados. Si baja, el centro se cierra y los profesores se van al paro. En el sector público puede llegar a cerrarse un centro, pero nadie va al paro.

El ‘modus operandi’ de las ITV le resulta secundario al Principado, sólo quiere que ese sector sea público. Políticos y personal de las ITV se pondrían nerviosos si una empresa privada quedara acreditada para dar ese servicio. Les ocurriría lo mismo que a Renfe con la competencia privada. Al cumplirse los horarios y ser más baratos los viajes, pierden la clientela o cambian el chip.