La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha empezado la ronda con los grupos parlamentarios para explicar la reordenación del mapa sanitario, que pasa de siete áreas a tres. Dejando a un lado al representante del grupo socialista, Jacinto Braña, que no puso objeciones, los diputados de los otros tres grupos (Foro, PP y IU-Convocatoria por Asturias) formularon el mismo tipo de críticas: evitar el cierre de consultorios periféricos o el de hospitales comarcales, asegurar el mantenimiento de recursos y prestaciones, preocupación por los tiempos de traslado en transporte público y, en el caso del PP, añadir que la reordenación no supone una mejora de las listas de espera, ni servirá par paliar el déficit de profesionales, así que el mapa sanitario es pura palabrería. Me extraña ese tipo de críticas, cuando el plan es una mera reducción de áreas, no se despide personal ni se clausuran equipamientos sanitarios. Es una decisión de carácter administrativo y económico. Lo de la incidencia económica, lo digo, porque al dejar en menos de la mitad a las áreas, hay cuatro cúpulas gerenciales o administrativas, que se suprimen. Al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, un ejemplo de prudencia y mesura, le parece que la operación «es un poco precipitada», sin embargo, yo la llevo escuchando hace más de quince años, así que mi crítica iría en el sentido opuesto: cómo no se hizo antes. Para una vez que el Gobierno asturiano se toma en serio su guerra a la burocracia (la va perdiendo: un día voy a dar datos sobre el crecimiento del ejército burocrático), resulta que a la oposición no le convence. Al parecer, para la buena atención del paciente son necesarias siete gerencias sanitarias.

En un tiempo en que muchos partidos (uno grande y el resto minúsculos) hablan de reformar la Constitución -no me refiero a un cambio puntual, como se hizo hace unos días-, hay temor a tocar el mapa sanitario, que casi es tan viejo como la Carta Magna. Han cambiado las circunstancias, se concentró mucha más población, las alas están despobladas, y tenemos una red de autovías que acorta los viajes.

El Principado se fija un plazo de seis meses para hablar con políticos, usuarios, profesionales, alcaldes, sindicalistas, etc., con el objetivo de tejer un consenso. Se ve que no hay prisa. En un mes se puede conocer la opinión de todo ese conjunto heterogéneo, aunque no es necesario. La ordenación del mapa es algo que compete al Gobierno y al Parlamento. El paciente no cambiará de hospital ni de centro de salud.