La multinacional ArcelorMittal guarda silencio. El ambicioso proyecto de descarbonización que introducía cambios profundos en el modelo productivo de la siderurgia está detenido o abandonado. Cada día que pasa, sin tener noticias, aumenta el desasosiego. Si la duda da paso al fracaso, el golpe para la región será tremendo.

Hay que buscar soluciones y ya se alzan voces desde el sindicalismo y la política proponiendo medidas rotundas. José Manuel Zapico (CC OO) instó al Gobierno de España a garantizar que se siga produciendo acero, «con Arcelor o sin Arcelor». En la misma línea, Monchu García (secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón), dijo que no tenía «ningún miedo a una posible nacionalización de las plantas asturianas de Arcelor si la familia Mittal no cumple sus compromisos». La anterior semana, Adrián Barbón exigió a la empresa cumplir con el proyecto y le recordó que tenía un compromiso con el territorio.

Más allá de cómo modula cada uno su discurso, desde el recuerdo del compromiso adquirido hasta la amenaza de la nacionalización, hay algo común en esas manifestaciones: toda la responsabilidad de la demora de las inversiones recae en la empresa. Entiendo que esa sea la táctica sindical, pero me parece una afirmación desnortada en boca de políticos con responsabilidades.

Vamos a ver, si a la familia Mittal le ponen en la mano 450 millones de euros provenientes de fondos europeos para acometer unas inversiones que ya han sido estudiadas, algún obstáculo muy grande tiene que haber para que no utilice la subvención que financia el 50% del proyecto.

Unos de los efectos más curiosos que produjeron los fondos Next Generation, en Asturias, fue hacer creer a políticos y ciudadanos que con ellos ya quedaba saneada la industria que, en las actuales coordenadas, significa hacer la transición energética. Los políticos asturianos se olvidaron de que la industria regional, en especial, el sector electrointensivo, está en alarma roja desde el fiasco sufrido con el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, jugada maestra de la vicepresidenta Teresa Ribera para ayudar a un amplio número de plantas industriales que, en la gran mayoría de los casos, no pagan una alta factura energética.

El pasado año, la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, decía que, desde que se puso en marcha el Mecanismo de Compensación para los Consumidores Electrointensivos se habían repartido fondos entre 662 empresas. Pues bien, a Asturias le tocó el 7,1% de ese dinero. Para Cataluña fueron el 24% de los recursos y a Andalucía llegaron el 14,5%. Consumía más energía la planta de Alcoa de Avilés que todas las supuestas industrias electrointensivas de cualquiera de esas dos regiones.

Nos olvidamos de todo. Con el plan para fabricar acero verde de Arcelor empezaba una nueva etapa. El coste del suministro de energía no importaba. En Francia o Alemania está fuertemente subvencionada la compra de energía, pero en España no interesa.

A la hora de la verdad, la siderurgia asturiana trabaja con unos costes de suministro anticompetitivos, la Comisión Europea obliga a hacer las inversiones para 2026 y, para colmo, el hidrógeno, gas menos pesado que el aire, se lo quiere vender Enagás a Arcelor a un precio que triplica las previsiones de la empresa siderúrgica.

¿Se solventan todos estos problemas nacionalizando las plantas de Arcelor? ¿Se eliminan los obstáculos resucitando Ensidesa? ¿Queremos volver a las épocas del Instituto Nacional de Industria (INI), cuando los sueldos eran generosos y las pérdidas se enjugaban con los Presupuestos Generales del Estado?

La vía que sugieren sindicalistas y políticos la acaba de abrir Giorgia Meloni en Italia, nacionalizando la antigua Ilva, herrumbrosa siderurgia italiana que produce menos que las plantas asturianas con el doble de trabajadores en nómina.

ArcelorMittal concentra sus inversiones en India, Canadá, Brasil, Estados Unidos o México, países que tienen más aprecio por la industria que los miembros de la Comisión Europea y los diputados de la Eurocámara juntos. Ahora bien, la solución para nuestros males no pasa por hacer culpable a los mayores accionistas de la industria de una coyuntura adversa. O el Principado logra que el Gobierno se implique en la solución o el proyecto del acero verde se esfumará. Si un gran inversor está dispuesto a perder una subvención de 450 millones de euros por algo será.

Colaboramos en hacer una normativa hostil para la industria pesada, de la mano de los grandes visionarios europeos. Ovacionamos las voladuras de chimeneas y tinglados industriales, porque no hay nada más creativo que la destrucción. Una vez alcanzado el objetivo de que los negocios dejaran de ser negocios, saludamos el dinero salvador de Europa que llega pregonando justicia (la Transición Justa), pero se pierde entre los meandros de las administraciones, el fino olfato de los burócratas para la inversión industrial y los buscadores de rentas. Una vez instalados ante el abismo, le echamos la culpa a los que llevan haciendo industria toda la vida y, en un ataque de nostalgia, volvemos la mirada hacia la industria estatal de nuestra autarquía, la televisión de canal único y el vale de carbón de Hunosa: en dos años, 14.000 toneladas de carbón por 9,7 millones de euros. Cómo calienta la hulla.