Cuando falta mes y medio para finalizar el primer año de la legislatura en las Cortes Generales puede afirmarse que la escasez de normas aprobadas no resta interés al curso del mandato, que viene caracterizado por iniciativas que vulneran la legalidad o la bordean, acompañadas de gestos destinados a implantar un modelo político que no coincide con el contenido en la Constitución.
No hace falta recordar que la Ley de Amnistía no tuvo encaje legal hasta que el Gobierno de coalición, PSOE-Sumar, aliado con todos los grupos anticonstitucionales de la Cámara, la dio por buena («es una ley impecable», repetía Bolaños). Si se puede amnistiar a delincuentes condenados por el Tribunal Supremo que declaran en todo tipo de foros que no se arrepienten de lo hecho y que lo volverán a hacer, se puede saltar cualquier disposición legal a la torera. La ley de Amnistía crea jurisprudencia: el único bien a salvaguardar es el interés del presidente del Gobierno. Veamos un ejemplo muy ilustrativo de lo que está pasando en este mandato.
Ejemplo
Los miembros de la mesa de edad del Parlamento de Cataluña dieron validez al voto telemático de Puigdemont y Puig, diputados fugados de la Justicia, pese a que el Tribunal Constitucional tiene doctrina consolidada en materia del voto delegado y telemático, del que quedan excluidos los afectados por una orden judicial de búsqueda y captura. El PP interpuso recurso ante el TC; el altísimo tribunal aceptó el recurso, pero rechazó dictar medidas cautelarísimas que hubieran detenido la actividad de la Cámara y no mandó un requerimiento personal a los miembros de la mesa instándoles a no volver a autorizar el voto telemático de los fugados, ya que en caso de repetición incurrirían en delito de desobediencia. Es decir, el recurso del PP se resolverá cuando ya no tenga consecuencias prácticas y se concede licencia a los ‘indepes’ para que se salten la legalidad cuando lo consideren necesario, como buenos aliados de Sánchez. Qué diferencia con la postura del Tribunal Constitucional, en septiembre de 2017, cuando se debatieron en el ‘Parlament’ las leyes de desconexión con el Estado. Son dos tribunales distintos.
Las iniciativas importantes tomadas en el primer año de mandato chocan con los usos establecidos en la política española. La negociación bilateral sobre la financiación de Cataluña va en contra del modelo de financiación territorial seguido hasta ahora: debate y ulterior acuerdo multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Cómo se puede negociar la traslación del cupo vasco a Cataluña si su dotación se hace a costa de los recursos del resto de comunidades autónomas? ¿Cómo se puede crear un marco legal de privilegios para unos territorios dejando excluido al resto?
Estado
Las decisiones que afectan a territorios o instituciones tienen un denominador común que es el debilitamiento del Estado. Esta tendencia viene de lejos. Si se quieren satisfacer las aspiraciones de los partidos o movimientos nacionalistas no queda otro remedio que restar competencias o medios al Estado. Cuando los miles de policías desplazados a Cataluña, durante los sucesos del otoño de 2017, tuvieron que alojarse en barcos, en vez de cuarteles, quedó claro que era el propio Estado el que había sido expoliado en esa región. El caso del País Vasco es más singular, porque es el único territorio en Europa donde el Estado no recauda impuestos.
Una estrategia que también se puede entrever en gestos o declaraciones. Le preguntaron a Patxi López por el balance de los diez años de Felipe VI como Rey de España, y contestó: «Correcto, ¿no?». Y dio la espalda a periodistas y micrófonos. Una estrategia visible en la abstención del grupo socialista en el Consell de Mallorca para impedir que la Princesa Leonor sea nombrada Hija Adoptiva de Mallorca. O en el viaje oficial del Rey a los países bálticos sin ser acompañado por un ministro del Gobierno. De la estrategia de debilitar el Estado no se libra el Jefe del Estado.
Flexibilizar normas, en caso de no poder obviarlas, relativizar instituciones, trazar nuevos ejes de fuerza con las tendencias emergentes (el nacionalismo) es la vía para llegar a un sistema político diferente al que cristalizó en la Constitución.
No cabe duda de que el principal elemento rupturista es la redefinición territorial y el culto a las nuevas identidades. Por ahí se puede llegar a un tipo de democracia distinta que sirva de basamento a un hiperliderazgo presidencialista.
León
En la redefinición territorial entra el proyecto de la Región Leonesa, impulsada por el alcalde de León y el presidente de la Diputación, ambos militantes socialistas, y recibida con entusiasmo por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, del mismo partido. En el rediseño territorial, El Bierzo puede alcanzar categoría de provincia, tal como anticipó el presidente de la Diputación. Fortalecer Cataluña, el País Vasco y Galicia –el día que sea nuevamente gobernada por una alianza entre PSG-BNG, como la que aupó al poder a González Laxe en 1987– y el resto división y marginación. Romper la comunidad autónoma de Castilla y León es dar un paso de gigante hacia el nuevo modelo. Si hace falta meter a Asturias en la operación, se hace. Hay que aprovechar la sintonía ideológica entre las dos vertientes del Pajares.