En el curso de una entrevista radiofónica, Pedro Sánchez avanzó ayer las intenciones que tiene para actuar sobre el fenómeno creciente de las viviendas turísticas. El presidente del Gobierno quiere crear un registro estatal de esas viviendas para controlar su número, vigilar que no se cometan fraudes y controlar el crecimiento. Sánchez se mostró entusiasmado con el anuncio del alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, de borrar de un plumazo las 10.000 viviendas turísticas que hay en la Ciudad Condal. El regidor va a aprovechar la nueva normativa aprobada por la Generalitat para acabar con esa oferta en el mercado del alquiler de vivienda. Por su parte, el presidente del Gobierno va a modificar la Ley de la Propiedad Horizontal de la Vivienda, «para poner coto» a los pisos y apartamentos turísticos. ¿Qué decir de todo esto?

Lo primero es recordar que las competencias sobre la vivienda están transferidas a los gobiernos autonómicos. Llama la atención que Sánchez, en sus seis años de presidente, jamás haya osado tomar alguna medida sobre materias específicas transferidas a las instituciones vascas y catalanas y ahora pretenda intervenir en un asunto que gestionan todos los gobiernos regionales. Quiere el presidente un listado de pisos turísticos y el nombre de sus propietarios, entre otros datos, sin embargo, la Hacienda del Estado no conoce con ese detalle las propiedades inmobiliarias de ciudadanos que viven en territorios forales. Cualquier gestión acerca de la titularidad de chalets, pisos o bajos comerciales podría ser vista como una intromisión en el ilimitado autogobierno de los vascos. Como la inmensa mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el PP, supongo que la aspiración de control del presidente del Gobierno quedará sin satisfacer.

El anuncio del alcalde de Barcelona es un dislate, como tantas otras decisiones que se tomaron en Cataluña en los últimos años. Cerrar todos los pisos turísticos, por decreto, crea inseguridad jurídica, porque esa específica forma de propiedad, que es la vivienda turística, está consolidada, así que no puede quedar anulada por capricho del alcalde. La falta de respeto por la propiedad privada, y la administración de la misma, es propio de un sistema autoritario donde cualquier derecho queda subordinado a la voluntad del que manda. Sánchez habla de modificar la Ley de la Propiedad Horizontal, cuando lo que hay que revisar es la Ley de la Vivienda, causa del desfase entre demanda y oferta.