Lara Martínez, viceconsejera de Turismo, considera un acierto el nuevo registro estatal de viviendas turísticas anunciado por Pedro Sánchez. A su entender reúne dos cualidades: «Contribuirá a la coordinación entre administraciones y nos ayudará a algo muy importante, la persecución de los establecimientos ilegales». Es curioso que el Principado considere beneficiosa la coordinación en el caso de las viviendas turísticas, mientras que en otras cuestiones apueste porque cada región gestione por su cuenta. El registro central no aportará nada sustancial, sin embargo, unificar la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), una iniciativa que acabaría con la desigualdad entre estudiantes de las distintas comunidades autónomas para elegir carrera, parece algo «anticonstitucional». Así calificó la consejera de Educación, Lydia Espina, a la iniciativa del PP. Al final, la razón de fondo para sentir tanto entusiasmo con el registro central no es otra que el alineamiento partidario.

La crítica a las viviendas turísticas, la lucha para acabar con ellas, liderada hasta ahora por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con el anuncio de clausurar los 10.000 pisos turísticos que hay en Barcelona dedicados a esa modalidad de alquiler, lleva a tratar esa alternativa como algo pernicioso. Lara Martínez considera muy importante la «persecución de establecimientos ilegales». Habla la viceconsejera como si estuvieran dedicados a la venta de droga. Si no padeciéramos la fiebre intervencionista, el acuerdo entre propietario y moradores, sobre el alquiler de un inmueble turístico, no necesita de ningún control administrativo especial. Es una actividad económica, como otra cualquiera, que tiene la obligación de ser declarada a Hacienda y pagar en función del rendimiento económico que se obtiene de ella. El mismo tratamiento que los inmuebles destinados a residencia habitual de alquiler. El alcalde socialista de la Ciudad Condal liquida los pisos turísticos para «garantizar el acceso a la vivienda de los jóvenes y de la clase trabajadora», cuando están lejos de representar el 1% de los inmuebles del área metropolitana de Barcelona.

En política es muy usual que los gobiernos busquen un culpable para ocultar los errores propios. Con la campaña desmedida contra las viviendas turísticas hacen un daño al turismo, nuestra principal actividad económica. Es lamentable que desde Asturias aplaudamos las desnortadas propuestas de un político catalán.