El Principado y la mayoría de los ayuntamientos (60) firmaron los convenios para financiar determinadas prestaciones de los servicios sociales desde la Administración local. Al acto del Palacio de los Condes de Toreno faltaron dieciocho consistorios, entre ellos el Ayuntamiento de Gijón, porque sus respectivos plenos municipales no aprobaron todavía los convenios. No entiendo cómo lo que sesenta ayuntamientos pudieron hacer, los dieciocho restantes no fueron capaces de aprobar. La ausencia del 23% de los consistorios deslució el acto.

El Principado transfiere 272 millones a los ayuntamientos para que desde el presente año hasta 2027 puedan aplicar políticas que aminoren la soledad no deseada (16 millones), sean más efectivas las ayudas a domicilio y la teleasistencia (175,8), se cubra el mantenimiento de los centros de servicios sociales municipales y el coste del personal (65,6 millones), o se pueda sostener la red de albergues. El pasado diciembre, la entonces consejera de Servicios Sociales, Melania Álvarez, ya había anticipado los programas que ahora se concretan y la idea del Principado de asociarse con los ayuntamientos porque «son la prueba de entrada para el acceso de las personas a los servicios sociales» (Melania dixit). Al crecimiento de las partidas, como en tantas otras políticas, colaboró la llegada de fondos europeos extraordinarios (Next Generation). Los convenios hay que aplaudirlos porque estamos en una época en que cualquier acuerdo entre administraciones territoriales supone un paso adelante para salir de esta trifulca entre instituciones que dura ya demasiado tiempo.

La importancia del acto llenó de optimismo al presidente del Principado, que se animó a hacer afirmaciones contundentes: «Mientras otros tiran de motosierra, aquí somos una isla del Estado del bienestar». La motosierra es una alusión inequívoca a Milei, cuyo experimento político podremos valorar por sus resultados, es decir, al final del mandato. Veremos si la fase severa de ajuste da paso a un ciclo expansivo, con creación de riqueza y empleo, o si sólo deja tierra quemada.

Asturias es una isla más del Estado del bienestar dentro de ese gran archipiélago de prestaciones sociales que es España. El porcentaje del presupuesto del Principado dedicado al gasto social (sanidad, educación, servicios sociales) es semejante o inferior al de algunas regiones, como Castilla y León, Extremadura, Navarra o el País Vasco, y mucho mayor que otras, como Cataluña o Madrid. No somos una excepción.