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Juan Neira

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UN GRAVE PROBLEMA

El debate sobre el crecimiento de los inmigrantes que llegan ilegalmente a España, principalmente a las Canarias, sigue abierto. El Gobierno quiere modificar la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración Social para que el reparto extraordinario de menores no acompañados (la mayoría están en Canarias, Ceuta y Melilla) a otras comunidades autónomas no sea fruto de acuerdos políticos coyunturales, sino el obligado cumplimiento de una ley. El problema aumenta de forma espectacular. En 2022 llegaron ilegalmente 15.682 inmigrantes; en 2023 la cifra aumentó hasta los 40.000. En el primer semestre de este año alcanzaron ilegalmente nuestras costas casi 25.000 inmigrantes y se calcula que otros 70.000 lo harán en los próximos meses, desbordando la capacidad de acogida que pueda tener Canarias, donde actualmente hay 6.000 Menas (Menores Extranjeros no Acompañados). Como es un problema real, que exige soluciones concretas y mensurables, no meramente ideológicas, la situación empeora mientras los responsables políticos atacan a sus rivales y evitan tomar medidas.

El aspecto más sangrante del problema son los Menas (Menores Extranjeros no Acompañados). A los 6.000 que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias se sumarán otros muchos porque la experiencia indica que se inicia el periodo en que más extranjeros tratan de llegar a nuestras costas. El Gobierno quiere repartirlos, pero hay disparidad de criterios. Todos los partidos nacionalistas catalanes quieren impedir que los menores sean tutelados por la Generalitat. Con otras palabras: los menores inmigrantes que están en Canarias deben asentarse en el resto de España. Una vez más, Cataluña es diferente. Vox coincide en el rechazo con sus enemigos del independentismo catalán, sólo que, si ellos no aceptan que los envíe el Gobierno a Cataluña, Abascal no los quiere ver en ningún sitio de España. Por su parte, el PSOE y el PP están obligados a entenderse, porque en caso contrario, el resultado será catastrófico.

El Principado tiene 89 plazas reservadas y ocupadas para las tutelas. Hace unos días se recibieron 16 extranjeros adolescentes sin familia y dentro de unos meses llegarán otros 16. Barbón dijo que su Gobierno tiene una «clara visión compartida de lo que es el Estado y de solidaridad con el resto de comunidades autónomas». Asturias cumplió con su parte, pero como las expectativas son tan negras, las cifras pactadas pueden ser insuficientes.

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por JUAN NEIRA

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