El Principado elaboró una nota bajo el título ‘Sobre la regla de gasto’, en la que resta importancia a la evaluación crítica que realizó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el crecimiento del gasto autonómico, en un momento en que la Comisión Europea y el Gobierno de España trabajan con el objetivo de que el gasto de las administraciones territoriales no supere el 2,6% en el actual ejercicio. En el comunicado hay dos ideas fuerza: la actual regla de gasto que manejan las administraciones ha quedado obsoleta y pronto será sustituida por otras medidas, y las finanzas del Principado están totalmente saneadas, como lo demuestra el hecho de que Asturias está entre las tres comunidades autónomas del régimen común (todas las regiones, menos País Vasco y Navarra) que tienen una ratio más baja de deuda por Producto Interior Bruto (PIB).

Las reglas fiscales, como cualquier norma o ley, están en vigor hasta que son modificadas o anuladas. No cabe decir de una norma que carece de sentido cumplirla, o que no hay que poner excesivo celo por respetarla, ya que se acerca su fecha de caducidad. Las normas conciernen desde el primer día de su publicación hasta el momento en quedan derogadas o reformadas. El Principado hace gala de sentido del humor cuando dice que la advertencia de la Airef «es meramente teórica, porque Asturias no tiene previsto gastar más recursos de los que tiene», cuando el organismo de supervisión recomienda al Ministerio de Hacienda que, en el caso de Asturias, active las medidas preventivas establecidas para emitir «una advertencia de riesgo de incumplimiento», que obliga al Principado a presentar un plan de medidas correctoras del gasto en un mes. No parece que la Airef haga consideraciones teóricas, sino que más bien insta al Ministerio de Hacienda a tomar medidas ejecutivas en la Administración asturiana.

El Gobierno asturiano manda un mensaje de tranquilidad a la población manifestando que las finanzas del Principado están saneadas, poniendo como prueba el porcentaje de deuda, pero la Airef no habla de deuda, sino del crecimiento desproporcionado del gasto público (9%), que está cimentado, entre otras razones, en el aumento de las plantillas, que comporta 60 millones más de gasto público. Está en nuestra idiosincrasia: la expansión incesante de personal y gasto corriente. En el Parlamento, el Gobierno llama inversión a lo que es gasto, como los sueldos de los empleados, pero la Airef pone rigor donde hay demagogia.