El paso dado por el vicepresidente de Otea, Fernando Corral, de culpar a las viviendas turísticas del ligerísimo retroceso (0,7%) sufrido por los establecimientos hoteleros en el pasado mes de junio, ha hecho que los directivos de la Asociación Asturiana de Viviendas de Uso Turístico y la Asociación Asturiana de Alquileres de Corta Estancia hayan entrado al debate, criticando el anuncio de aumento de inspecciones realizado por el Principado, al entender que se trata de una concesión al ‘lobby hotelero’.

Igualmente, consideran que es una ayuda a ese sector la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos tengan capacidad de veto sobre los alquileres turísticos. Lo que suelen vender como el ’empoderamiento’ de los vecinos frente a las viviendas de uso turístico (VUTs). Sobre este punto concreto resta por saber si los derechos consolidados de los propietarios de las VUTs pueden quedar allanados con algún exceso legislativo.

Hay algunas cuestiones que conviene aclarar para entender lo que ocurre. La campaña contra las VUTs forma parte de la guerra demencial contra el turismo que se desarrolla en algunas de las regiones que más viven de él, como Cataluña o Canarias. No hay que olvidar que es una actividad que el pasado año aportó a España más de 180.000 millones de euros. Acabar con las VUTs, como pretende el alcalde de Barcelona, jaleado por Pedro Sánchez, es mutilar parte de la oferta turística. No se puede asimilar turismo a hoteles, aunque, sin duda, son un equipamiento esencial de la infraestructura turística. A medio plazo, recortar la oferta es desplazar parte de la demanda a otros países. Y lo más irritante es que la queja por la falta de alquileres estables no tiene nada que ver con las VUTs, sino con una Ley de Vivienda que retira a los arrendadores (propietarios) del mercado por las pesadas cargas que pone sobre sus bienes. Los gobiernos de Pedro Sánchez y de Adrián Barbón no se han parado a pensar que el stock de riqueza de las familias en España tiene, en gran medida, una naturaleza inmobiliaria, algo que no ocurre de una forma tan acusada en toda Europa. Impedir que obtengan un beneficio de esos bienes es contrario a toda lógica. Puestos a favorecer al sector hotelero también podrían prohibir que las familias hagan turismo en autocaravanas.

En cuanto a la relación del Principado con Otea, me viene a la cabeza lo que dijo Andreotti de España: ‘manca finezza’. En una región pequeña, en que todo el mundo sabe de lo que vive el vecino, el regulador tiene que ser profundamente escrupuloso.