El Principado aprobó el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se concreta en treinta medidas que cuentan con 200 millones de euros. La opción del Principado se apoya en cuatro pilares: talento, investigación excelente, I+D+i empresarial y transferencia y colaboración. En la literatura del plan se dice que el objetivo es que «la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación se conviertan en factores clave de la competitividad regional, contribuyan al desarrollo económico de la comunidad, a su posicionamiento internacional y a la calidad de vida». Uno tiene la impresión de que todo eso lo hemos oído muchas veces; doy por descontado que ese objetivo lo persigue el consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, desde el primer día en que se incorporó al Gobierno, allá por el lejano verano de 2019 ¿Dónde están las novedades?

Quizás en la parte burocrática: el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación sólo regirá para cuatro años (2023-2027); cuando se apruebe la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación se hará un nuevo plan para siete años. No creo que esa sea la novedad. Fijándonos en los nombres de planes, leyes y consejerías, se puede sacar alguna conclusión. La investigación básica no está entre las prioridades del consejero, porque no aparece citada; la Universidad de Oviedo ha perdido el papel prominente que tenía en los discursos del primer mandato de Adrián Barbón cuando hablaba de Investigación, Desarrollo e Innovación. La Universidad asturiana, por cierto, ha quedado borrada del nombre de la Consejería.

¿Es mucho o poco 200 millones para le plan? En el País Vasco, en 2023, se destinaron 2002 millones a I+D. El 77,2% del gasto lo hicieron las empresas, mientras que las administraciones públicas vascas contribuyeron con 456 millones. En relación con la Unión Europea, España va retrasada. Destinamos a I+D el 1,44% del PIB, mientras que la media de los veintisiete miembros de la UE es del 2,27%. El gasto de las comunidades autónomas en investigación y desarrollo por persona es de 460 euros, de media, mientras que en Asturias es de 276. Hay nueve regiones que gastan más que nosotros y otras siete que gastan menos.

Borja Sánchez es un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así que conoce la materia. A lo mejor quedó atrapado por la burocracia, pero me parece penoso que vayan a tener que pasar entre seis y siete años para aprobar la norma en la que el Principado va a basar su estrategia en I+D.