Con la actualización del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), al empezar el año, la tarifa de los automóviles por recorrer Campomanes-León es de 15,6 euros, mientras que los camiones y autobuses, de dos y tres ejes, pagan 11,3 euros y los de cuatro o más ejes desembolsan 14,5 euros. El abaratamiento del peaje para camiones y autobuses se debe a que el Ministerio de Transportes pasó de financiar el 40% de la tarifa para los vehículos pesados a subvencionar el 60%. La tabla de peajes en la AP-66 contradice la norma europea que quiere que las tarifas se ordenen en función de la contaminación de los vehículos. El Gobierno de España tenía de plazo hasta el pasado mes de marzo para modificar las tarifas con el objeto que respondan a lo acordado en Bruselas. Al terminar el plazo sin reordenar los peajes, el pasado 16 de diciembre la Comisión Europea avisó que remitiría al Gobierno un dictamen dando dos meses para transcribir la directiva europea. En caso de incumplimiento denunciaría a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. ¿Qué decir de todo esto?

La contaminación, como fenómeno nocivo para la salud, y dentro de ella, la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, constituyen una realidad imposible de soslayar. Ahora bien, la política de peajes, como la política de transporte, en general, tiene que tener en cuenta también otros condicionantes, entre ellos la seguridad de las personas y las mercancías que circulan por esas vías. Por esa razón se vio como un objetivo que el transporte pesado discurriera por autovías, en vez de hacerlo por carreteras sinuosas como ocurría en las regiones del Cantábrico antes de que se construyeran las vías de doble calzada. Si el peaje debe estar, exclusivamente, en función de la contaminación, es probable que muchos camiones circulen por vías alternativas y haya más accidentes, más muertos y pérdidas de mercancía. En el espacio comunitario europeo triunfó la consigna, ‘el que contamina paga’. Suena muy bien, porque es una copia de la frase popular ‘el que la hace, la paga’, que tiene un fondo justiciero, pero no se puede caer en simplismos; hay que tomar decisiones teniendo en cuenta diversos intereses, que, en algunos casos, son opuestos. Es absurdo penalizar a los camiones que pagan peajes, y dejar libres de carga fiscal a los que circulan por el resto de autovías. La AP-66 debe quedar abierta al tráfico, para todos, porque la prolongación del peaje fue una maniobra turbia que discrimina a los asturianos.