El pasado 30 de noviembre sólo se había ejecutado el 26,7% de las inversiones contenidas en el presupuesto del Principado para 2024. Casi tres cuartas partes de los recursos aprobados por la Cámara autonómica estaban sin movilizar. No sucedió nada extraordinario en el pasado ejercicio que justifique la incapacidad del Gobierno para ejecutar las inversiones aprobadas, se trata simplemente de un comportamiento rutinario, ya que todos los años ocurre lo mismo. Ni la oposición pone el grito en el cielo, ni el Gobierno se siente en la obligación de explicar por qué ignora con tanta facilidad el compromiso adquirido al aprobar el presupuesto. En 2024, como en 2025, muchas de las partidas destinadas a la inversión estaban cofinanciadas por los fondos Next Generation, pero ese motivo no fue suficiente para alterar la rutina de llegar al fin del ejercicio con excedente de recursos sin gestionar.

Es distinto el tratamiento que se le da a las inversiones del que recibe el gasto corriente. Pese a ser una cantidad mucho más elevada, el gasto se consume en su totalidad y, con frecuencia, se recurre al crédito para ampliarlo. Desde que el Principado asumió las competencias sobre los grandes servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales), en diversas ocasiones hubo que recurrir al aumento de recursos vía crédito. Es cierto que en el gasto corriente entra, como principal componente, los salarios del personal autonómico (en el presente, más de 41.000 nóminas), siendo por su naturaleza un gasto de imposible aplazamiento. Otro volumen importante de gasto es el que consume el Principado en trabajos, suministros y servicios exteriores, donde el compromiso con proveedores y suministradores no es tan fuerte como el que le liga al personal de la Administración, pero tampoco se puede diferir en exceso los pagos. Con las inversiones aprobadas (mejorar una carretera, construir una subestación eléctrica o una depuradora) no ocurre lo mismo, siendo perfectamente factible gastar en otras cosas y dejar que pasen los años sin reparar baches, suministrar energía eléctrica a la Zalia o garantizar que las aguas lleguen depuradas al mar.

Hay varias formas de convertir los presupuestos de las Administraciones públicas en papel mojado. Una es presupuestar unos ingresos irreales (‘ingresos inflados’). Tuvimos más de un ejemplo en la región. Otra es aprobar proyectos de inversión sin voluntad de llevarlos a cabo. Sucede todos los años. La oposición debe abrir ese debate.