El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) está en un proceso de expansión de sus instalaciones, con la compra de terrenos y equipos que comporta una inversión de 68 millones de euros en los próximos cuatro años. Para hacernos una idea de lo que significa para Cogersa esta inversión, digamos que la mayor realizada desde la fundación del consorcio (1985) fue la destinada a la planta de basura bruta (63 millones). Bien es cierto que en los 68 millones se incluyen los 16 dedicados a recuperar la planta de basura bruta y la planta de inertización de residuos peligrosos que fueron devastadas por un incendio en el mes de abril del pasado año. Desde 2022, hubo tres incendios en Cogersa y el consorcio estaba sin una póliza de seguros para incendios. Lo que mejor funciona es lo público.

En los terrenos adquiridos habrá nuevas plantas de tratamiento. Hasta ahora se trabajaba con lodos provenientes de las depuradoras y se producía compost que se aplicaba como fertilizante. Con las nuevas instalaciones, a partir de los lodos se producirá biogás y se podrá generar electricidad. En definitiva, con el avance de la tecnología se pueden obtener nuevos usos de la materia que llega de las depuradoras o al vertedero de Serín. Un proceso de reducción y reciclaje que no tiene fin, pero que está limitado, fundamentalmente, por los recursos económicos. Hace treinta años no se daría luz verde a los 68 millones aprobados para reutilizar lodos y otros fines. Ahora las circunstancias han cambiado. No me refiero a la mayor conciencia ecológica de la sociedad, sino a las normas impuestas desde Bruselas que prohíben y sancionan el mantenimiento de los procedimientos habituales para tratar basuras, lodos, etc.

La normativa de Bruselas, rápidamente adaptada en España por la exvicepresidenta, Teresa Ribera, tiene metida a Cogersa en un atolladero. La planta de basura bruta, que se espera esté nuevamente en funcionamiento dentro de nueve meses, deja después del tratamiento de residuos orgánicos 160.000 toneladas anuales de Combustible Sólido Recuperado (CSR). ¿Qué se hace con el resto de los restos? La cementera de Tudela de Veguín está dispuesta a hacerse cargo de 100.000 toneladas cobrando diez millones de euros. Todavía quedarían 60.000 toneladas sin destino. Para resolver el problema se hacen gestiones con extrema lentitud, porque les cuesta enfrentarse a la realidad. Despojado el problema de ideología, la solución se llama incineradora.