Una décima parte de los negocios de hostelería (1.573) recibieron una notificación del Principado indicándoles que habían cesado en su actividad. La resolución llegó después de varios requerimientos que no fueron contestados. Desde la Viceconsejería de Turismo comprobaron que los afectados no habían incorporado a la declaración responsable inicial los documentos que la justifican (licencia de apertura o licencia de obra si el local conoció transformaciones); en vista de ello realizaron varias llamadas a las empresas sin obtener resultado. Finalmente les mandaron una resolución ejecutiva, que constata la ineficacia de la declaración responsable, ya presentada, y advierte a los titulares de los establecimientos de la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, «sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiera lugar».

Estamos ante la clásica actuación de la Administración Pública, como persona jurídica superior. Hay unos empresarios que no cumplieron con todas las formalidades del procedimiento administrativo, habitualmente más prolijo y engorroso de lo que se necesita, para permitir la realización de una actividad. En vez de preguntarse por lo que hay que hacer para solucionar el problema, se tira del artículo oportuno de la ley o el reglamento, se les conmina a dejar de trabajar, y les recuerdan que pueden presentar un recurso de reposición ante la Viceconsejería de Turismo o iniciar la lenta, cara e incierta vía contenciosa.

Lo primero que deberían tener en cuenta los responsables de la Administración, que no son otros que los políticos, es que una cosa es la legalidad y otra la eficacia o el sentido común. Dejar a cientos o miles de negocios detenidos hasta que cumplan con determinadas formalidades es un desastre sin paliativos. No sé cómo se entrañan de la tardanza en aportar documentos los hosteleros, cuando esa misma Administración emplea mucho más tiempo del prudente en conceder licencias. La Administración pone cortapisas a las actividades del sector privado y muchos negocios se malograron por culpa de la desidia de los responsables de la Administración.

Cada vez los ciudadanos y las empresas vierten más quejas sobre la Administración pública. Cuesta entender que cada año tenga más empleados para ser cada vez más lenta e ineficiente. Nuestros impuestos van destinados, mayoritariamente, a sostener a la Administración que es cara, omnipotente y poco sensible con los ciudadanos.