El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, viajó a Bruselas con el viceconsejero, Jorge García, y la secretaria general de la Consejería, Eva Fueyo. El objetivo del viaje era reunirse con los técnicos que elaboraron el dictamen de la Comisión Europea sobre el peaje del Huerna. Calvo calificó de «muy fructífera» la cita en la capital comunitaria, porque les permitió analizar posiciones que comparten para dar la batalla en los ámbitos administrativo y jurídico.

La prórroga del peaje estaba asentada hasta que la Comisión Europea dio verosimilitud a la denuncia de un colectivo gallego sobre el peaje de la AP-9 (Ferrol-Tui) y, posteriormente, Daniel Ripa (ex líder de Podemos) solicitara a la Comisión Europea que incluyera en el expediente de la autovía gallega el peaje del Huerna, al compartir las irregularidades. Tras cuatro años de lenta burocracia, la Comisión Europea elaboró el dictamen donde se tacha de ilegales la prórroga y la privatización por no atenerse a las normas de la Unión Europea. Aspecto clave en la ilicitud de las medidas es no haber abierto a la competencia la posibilidad de gestionar la autopista.

La discrepancia entre la Comisión Europea y el Ministerio de Transportes dio paso a un conflicto político cuando el Principado se acogió al dictamen para pedir la inmediata eliminación del tributo o, de no hacerlo, la bonificación del 100% del peaje como medida provisional. El Ministerio de Transportes, falto de argumentos e indignado porque un gobierno socialista de una pequeña comunidad autónoma uniprovincial le dejara en mal lugar ante las autoridades comunitarias, descargó su ira sobre el consejero Calvo, afeándole que con su actitud daba munición al PP para atacar al Gobierno.

La situación fue tan inusual que las únicas réplicas del Principado fueron las pronunciadas por el propio Alejandro Calvo y por el único consejero no socialista del Gobierno de Barbón, Ovidio Zapico (IU). Ambos (Calvo y Zapico) contestaron al ministerio de una forma muy comedida. Por encima de Calvo, nadie consideró oportuno replicar a Transportes.

A estas alturas de la controversia parece evidente que Asturias tiene dos formas de salir triunfadora. Una es la rectificación de Ejecutivo, presionado por la movilización de Asturias, Galicia y Castilla y León en contra de los dos peajes: AP-9 (Galicia), AP-66 (Asturias y Castilla y León). La otra es ganar en las instancias judiciales, basándose en el dictamen de la Comisión Europea.