La mayoría de los gobiernos autonómicos tienen diferencias con el Gobierno sobre asuntos que afectan a sus territorios. Las controversias aumentaron tras los últimos comicios autonómicos, cuando el PP se hizo con el gobierno de once comunidades autónomas. En las otras regiones (País Vasco, Navarra, Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias) también hay problemas entre el poder central y el autonómico. Se producen negociaciones durante todo el año, siendo más reservadas y opacas cuando se sientan dirigentes socialistas a los dos lados de la mesa. Esta semana ha saltado la noticia del acuerdo entre la Generalitat (Salvador Illa) y el Gobierno central sobre la introducción de la ordinalidad en el sistema de financiación autonómica: las compensaciones a los territorios más pobres no pueden llegar hasta el punto de que una región reciba menos por habitante que otras que hayan aportado menos que ella a la caja común. No ocurrirá como ahora, que Cantabria tiene muchos más recursos por habitante que Madrid o Cataluña, aportando mucho menos que ellos a los fondos de solidaridad.

En Asturias no hemos participado tanto en el juego de las negociaciones. La identificación ideológica del Principado con el Gobierno central ha servido de freno para tensar la cuerda con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La novedad es el contencioso sobre el peaje del Huerna, donde se mantiene una larga discrepancia con el Gobierno y, más en concreto, con el Ministerio de Transporte.

El Principado considera que revisar de oficio una norma que lleva muchos años aprobada es jurídica, administrativa y políticamente difícil. Los juristas aseguran que no hay precedentes de anulación cuando lleva veinticinco años en vigor. Ponen la atención sobre el daño que produciría la anulación para la seguridad jurídica. La valoración del Principado es correcta, prueba de ello es que nunca se había movido un dedo desde Asturias ante la prolongación del peaje. Ahora bien, el dictamen de la Comisión Europea lo cambia todo al asegurar que es ilegal. La ilegalidad lleva directamente a la anulación de la norma; no es un vicio subsanable por el hecho de que haya estado durante bastantes o muchos años en vigor.

Añadamos una observación: la batalla por la supresión del peaje de la AP-66 se puede ganar en los tribunales, pero siempre que se haga presión política en las instituciones y social en la calle. Las consideraciones sobre el proceder de las administraciones cambian cuando adquieren dimensión política y social los conflictos.