El balance de la primera jornada de huelga de los médicos es confuso, como siempre que hay unos servicios mínimos amplios que llegan en algunas unidades a rondar el 100%. Según el Servicio de Salud del Principado (Sespa) el paro fue seguido por el 11% de la plantilla, mientras los sindicatos estiman que hubo una participación del 60%, de media, llegando al 95% en algunos servicios. Según José Antonio Vidal, presidente del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), se suspendieron el 40% de las consultas y el 25% de las intervenciones quirúrgicas.

Hay dos maneras de medir los paros en la sanidad, una es por el número de participantes y la otra por los efectos que causa en la prestación del servicio. Al final, tanto a los gobiernos, como a los usuarios, lo que más les importa es el nivel de normalidad o de alteraciones habido en cada jornada. Los efectos son acumulativos; al ser una huelga de cuatro días, sólo después del cuarto se podrá apreciar el volumen de actuaciones aplazadas. Tanto el SIMPA, como la Plataforma de Médicos de Asturias, han convocado concentraciones en cada uno de los días de paro, empezando por la realizada ayer a las puertas del HUCA, a la que seguirán las concentraciones en el Hospital de Cabueñes, en la Plaza del Carbayón de Oviedo, donde está la sede del Sespa, para finalizar las protestas en el Hospital de San Agustín. José Antonio Vidal pidió a la consejera de Salud del Principado que «levante el teléfono y llame a la ministra para ver si es capaz de meterle algo de sentido común en el cerebro; esperemos que logre convencerle de que está destruyendo la sanidad por no respetar al colectivo médico».

Llegamos así a la contradicción que subyace en este conflicto. El choque se da entre el Ministerio de Sanidad y los médicos, pero quienes gestionan la Sanidad y sufren las consecuencias de los paros son los gobiernos autonómicos. La ministra puede prolongar la huelga, los gobiernos regionales necesitan que finalice. Mónica García no tiene listas de espera, pero la consejera de Salud, Concepción Saavedra, sí. En la negociación del Estatuto Marco, objeto de la disputa, deberían estar representados los gobiernos autonómicos. Cuando hay problemas en cualquier servicio de titularidad autonómica, con mucha carga laboral o social, el ordeno y mando del ministerio conduce al desastre. Ya lo vimos en la vivienda, gestionada por los gobiernos autonómicos, con una ley estatal que agrava el problema. Ahora lo sufrimos con la sanidad y las ocurrencias de la doctora García.