El Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Vivienda elaborado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. La norma pone el énfasis en los aspectos públicos del bien vivienda. Tal como ya había avisado el consejero, Ovidio Zapico, y miembros de su equipo, la ley asturiana blindará la calificación de vivienda pública. Hasta ahora, las viviendas de protección oficial tenían un periodo legal de protección que oscilaba entre los diez y los treinta años; con la nueva norma el carácter administrativo de vivienda pública protegida no caduca en toda la vida útil del inmueble.

Los dirigentes de IU tienen muy presente que al iniciarse la década de los años ochenta del pasado siglo había en Asturias 31.000 viviendas públicas y que hace dos años el parque había quedado reducido a 9.700 unidades. Según ellos, sería muy distinta nuestra suerte si en la actual crisis de vivienda el Principado contase con más del triple de pisos de su propiedad. La estrategia de invertir en un gran parque de vivienda pública es acertada, aunque estamos muy lejos de ello. El déficit no es sólo asturiano, ya que afecta a toda España. Con casi 49 millones de habitantes, hay en nuestra nación 26 millones de viviendas, de las cuales, sólo 450.000 son sociales. Menos del 2%. Un porcentaje similar al de Rumanía, Estonia o Croacia. En el conjunto europeo hay una gran variedad de cifras. Alemania e Italia no llegan al 4%, mientras los Países Bajos están en el 30%, Austria 24% o Suecia 20%. El mayor contraste con las cifras españolas es el que aporta Francia con 4,7 millones de viviendas protegidas (más de diez veces que España) y 2,5 millones de ciudadanos esperando que le adjudiquen una.

El objetivo principal, aumentar el número de viviendas protegidas, se acompaña en el anteproyecto de un conjunto de propuestas restrictivas o punitivas en la línea de las preocupaciones de IU: evitar que haya gente que agrande su patrimonio. La pretensión de IU es que todas las viviendas sociales sean disfrutadas en régimen de alquiler, de tal forma que el Principado sea el gran tenedor de la comunidad autónoma. En la ley estatal, los particulares que vivan en un piso de protección oficial lo pueden alquiler en determinadas condiciones. Ovidio Zapico manifestó: «Es importante que la derecha democrática sienta este proyecto como suyo».

Todo dependerá de las enmiendas del PP y la capacidad del Gobierno de asumirlas. Calificar al PP de derecha democrática es un paso.