En la década de los años ochenta del pasado siglo Asturias era la segunda comunidad autónoma donde se construían más viviendas protegidas por población. La región estaba padeciendo las consecuencias de la segunda crisis de petróleo (año 1979) y el PIB apenas crecía. En ese contexto, el 75,4% de las 56.026 viviendas que se construyeron a lo largo de la década estaban protegidas. En los años noventa, con un mejor desempeño de la economía regional, si exceptuamos el bienio 1991- 1993, el porcentaje de vivienda protegida descendió al 28%. En la primera década de este siglo, con más de siete años de expansión económica (hasta el tercer trimestre de 2007), el 11,8% de las viviendas que se entregaban eran de protección oficial. La tendencia cambió a partir de 2009 y las viviendas amparadas por la Administración llegaron a ser un tercio del conjunto de los inmuebles construidos. Tras la pandemia, la protección sólo alcanzó al 10% de las nuevas casas.

De esta breve descripción podemos sacar como conclusión que, con independencia de la ideología de los gobiernos, las viviendas de protección oficial proliferan en tiempos de atonía económica y se reducen cuando hay un incremento sustancial del PIB. Las viviendas sociales son la respuesta a una necesidad, no la forma más lógica de proveer pisos y casas al mercado. En la actualidad, el Gobierno asturiano está volcado en ampliar el parque de vivienda pública. Es un objetivo acertado, porque queda muy poca vivienda protegida tras la masiva descalificación de viviendas operada en España en las últimas décadas. El Principado quiere dedicar el parque público a vivienda de alquiler.

La vivienda en España, como bien de primera necesidad, se encuentra en un momento crítico. La demanda excede con mucho a la oferta y por eso los precios crecen sin parar y los ciudadanos viven en casas de familiares (hijos que no se independizan) u optan por soluciones habitacionales degradantes. Ante este panorama, bienvenido sea el aumento del parque de vivienda pública. Ahora bien, superada la urgencia, la demanda de vivienda de un país no puede satisfacerse por la iniciativa exclusiva del sector público. Si las administraciones (Principado, ayuntamientos) cargan con la responsabilidad de ser los primeros promotores y constructores del territorio, no habrá recursos para financiar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales, etc. Si el Principado cae en la tentación de asumir la condición de líder del ladrillo acabaremos muy mal.