Junto a la estructura de la Administración General (consejerías), en el Principado, como en otras comunidades autónomas, hay unos entes públicos (organismos autónomos, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles, etc.) que absorben la mayor parte del presupuesto regional, sin que su gestión merezca la misma atención por parte del Gobierno y el Parlamento, que la realizada directamente por las consejerías.

De los 6.993 millones del presupuesto de este año, 3.544 millones van destinados a gastos de organismos autónomos, consorcios, etc. Si uno compara la lista de los entes públicos en 2019, cuando Adrián Barbón llegó al poder, con la actual, se encuentra con que el paraguas de los presupuestos cobija a más entes sujetos a contabilidad privada (se duplicó la lista) y contiene más recursos.

En los últimos siete años, el presupuesto de los entes públicos aumentó un 46%. Si nos fijamos en las empresas públicas relacionadas con la vivienda pública, la promoción turística, la infraestructura sanitaria, etc., el crecimiento del presupuesto fue del 41%. Se atecharon bajo el paraguas más sociedades, como la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción de Suelo (Sogepsa), cuyos ingresos no cubrían el coste de personal, y la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (Zalia), que en 2022 tenía una deuda de 120 millones y el Principado optó por salvarla pasando de tener el 40% de las acciones de la sociedad al 86%. Dos zombis que mantuvo durante años el Principado con respiración asistida. Importante también el incremento de presupuesto de los consorcios. En los siete años de gobiernos presididos por Adrián Barbón, Cadasa (abastecimiento de agua) tuvo un aumento de gasto por encima del 50%. Poca cosa al lado de Cogersa que en siete años cuadriplicó los recursos.

Rajoy pidió reducir el sector público de las comunidades autónomas, por la carga que suponían para los gobiernos regionales. Exigió que cada gobierno autónomo presentara un plan de cierres en su sector público. El Principado, presidido por Javier Fernández, aprobó tres leyes de racionalización de los entes públicos, y al final fuimos la comunidad que más tardó en iniciar el recorte y la que menos entidades redujo. Los gobernantes que tenemos, y los que tuvimos, no quieren desprenderse de ningún ente. Les parece que supone una pérdida de poder. También he observado que ninguno de ellos considera caro mantener una entidad que acumula pérdidas. Se entiende: ellos gestionan y nosotros pagamos (impuestos).