La gestión de la autopista AP-66 incomoda o irrita a los usuarios. Desde que la Comisión Europea declarara ilegal la prórroga del peaje durante 29 años, la sensación que predomina entre los ciudadanos es que todo pago representa un abuso. Las protestas van destinadas, principalmente, hacia el Ministerio de Transportes que tomó la decisión de obviar la valoración de Bruselas, dando a entender que es imposible suprimir el peaje recetando para los usuarios el jarabe de las bonificaciones, como si el ministro, Óscar Puente, no hubiera liberado nunca un peaje.

En la calle, la impresión generalizada es que el Ministerio de Transportes prioriza los intereses de la empresa concesionaria sobre los de los clientes. En la revisión anual de las tasas, las que corresponden a peajes gestionados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transportes Terrestres suben un 2%, mientras que las vías en régimen de explotación privada aumentan entre el 3% y el 4,6%. Se trata de ayudar al fuerte a costa del débil: el ciudadano que va de viaje a León y retorna a Asturias tendrá que pagar 32,4 euros para que le suban las barreras.

El último abuso es el que se perpetra con las obras de modernización de los túneles de la autopista. El servicio que se presta queda alterado con las obras. Los vehículos se desplazan con más lentitud, se producen atascos, y en algunas ocasiones las alteraciones del tráfico son muy relevantes. Pues bien, la empresa cobra a los usuarios como si todo estuviera en orden. El servicio se devalúa a ojos vista, pero el peaje se mantiene. Hay una descompensación entre lo que se paga y lo que se recibe, pero al Ministerio de Transportes no le importa. Combina dosis de liberalismo con Aucalsa y ración de socialismo con los automovilistas.

El Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado otoño, obligó a devolver lo cobrado en la autopista AP-9 (Ferrol-Tui) por los perjuicios causados por obras a los usuarios. La cantidad de atascos de especial relevancia en la vía de doble calzada gallega había sido parecida a la sufrida en la autopista del Huerna. Por analogía debería aplicarse la misma medida con los usuarios de la AP-66. En la sentencia se argumenta que los viajeros no tuvieron información sobre el punto kilométrico de las alteraciones, ni la causa de las mismas ni el tiempo de demora. Lo mismo sucede en el Huerna.

Cuando tiene tanta superioridad una empresa sobre la clientela, como sucede en los monopolios (un monopolio de servicios), la consideración con el pagador es mínima.