La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no sirvió para conocer mejor el nuevo modelo de financiación autonómica, que ha negociado el Gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, no dio a conocer el cálculo sobre la recaudación de los nuevos impuestos que se incorporan a la cesta de la financiación autonómica (patrimonio, depósitos bancarios, etcétera). Tampoco comunicó datos básicos del modelo, como el cálculo por habitante ajustado, ni siquiera quiso la ministra ordenar las comunidades autónomas por su capacidad de gasto por habitante una vez hechas todas las operaciones de nivelación contenidas en el nuevo sistema.

Brochazos
A María Jesús Montero le gusta la brocha gorda: en su primera legislatura de ministra, en una discusión con la oposición, llegó a aseverar que no dejaba Bruselas modificar el IVA al Gobierno de España. Cuando presentó el nuevo modelo de financiación al público, dijo que «tendía hacia la ordinalidad» y, al defenderlo ante los consejeros de Hacienda de las distintas comunidades autónomas, declaró que «es falso que tenga ordinalidad».

Comparte con Delcy Rodríguez el amor por el rigor. La venezolana levantó la mano para jurar, «como vicepresidenta ejecutiva de Venezuela»; tras la perorata de su hermano en la ceremonia, acabó jurando «como presidenta» y, ayer mismo, tomó la palabra como «presidenta encargada». Les da igual ocho que ochenta.

En el CPFF se evidenció que el modelo de Montero solo satisface a Cataluña. Las otras catorce comunidades autónomas se posicionaron en contra. Al presentar el modelo de financiación, nunca un gobierno estuvo tan aislado. Nadie se cree los cálculos de Montero y todos piensan que están hechos para beneficiar a los catalanes. El trasvase de recursos hacia esa región tiene como único fin asegurar a Pedro Sánchez la permanencia en la Moncloa. En la balanza del poder pesa más la conveniencia del presidente que los intereses de la nación.

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, no tuvo una papeleta fácil al representar los intereses de Asturias en un órgano que ocupan los políticos que trabajan con impuestos y finanzas territoriales. Le tocaba oficiar a Guillermo Peláez, consejero de Hacienda e inspector de Hacienda, pero seguro que tenían otras obligaciones más perentorias que atender. Llamedo criticó las formas del modelo, «precocinado» entre Sánchez y Junqueras, y también resaltó el papel pasivo reservado al Principado, y al resto de gobiernos autonómicos, propio de un contrato de adhesión.

Principado
Sigue quedando en el aire la duda sobre lo que va a hacer el Principado. Puede jugar al posibilismo, presionando al Gobierno para que Asturias reciba más financiación por habitante, mejorando la valoración de algunas características de nuestra población, teniendo una participación más destacada en el fondo climático (2/3 son para las regiones mediterráneas), etc. La alternativa es impugnar el modelo, cerrar las puertas a la ordinalidad y al sesgo del nuevo sistema de financiación, creando fondos artificiales para beneficiar a Cataluña. ¿Qué pintan las pymes y el cambio climático a la hora de financiar los servicios públicos?

En los próximos días habrá un pleno extraordinario en la Junta General del Principado, solicitado por el PP y apoyado por Foro, que debe servir para clarificar la postura del Gobierno asturiano ante la oferta de Montero. ¿La ordinalidad sigue siendo una línea roja? ¿Se acepta el sesgo catalanista en el modelo de financiación? ¿Se mantiene en pie todo lo firmado en la Declaración de Santiago?

Hay una serie de falacias en el proyecto de Montero, y los comentarios que lo acompañaron, que algún líder asturiano debería rechazar en el pleno extraordinario del Parlamento asturiano. El nuevo sistema de financiación «es bueno para todos». Montero lo afirma porque todas las regiones ganan recursos. ¿Pero a cambio de qué? De arruinar al Estado, permanente salvavidas de las regiones pobres. ¿Quién pone los 21.000 millones de más que tanto necesitaban valencianos, murcianos, manchegos y andaluces, y, en menor medida, el resto de regiones? ¿Lo ponen las comunidades ricas? No. Esa fortuna sale de las arcas del Estado que tiene un déficit superior al 3%, que debe a corto y medio plazo de pagar dos facturas elevadas, la cuota que le toca en el rearme europeo y el gasto superlativo en las prestaciones sociales de la tercera edad.

Desequilibrios
Indigna que en una cuestión de números –antídoto para la demagogia–, como es el modelo de financiación, se permitan vender como bondades lo que son mayores desequilibrios. Con el modelo actual, Cataluña aporta 2.266 millones a la caja común y con la reforma de Montero dará 810 (el 35,7%). Madrid, con algo menos de población y parecida riqueza, aporta 7.975 millones y con la reforma contribuirá con 8.013. Con el nuevo sistema, Madrid pone diez veces más que Cataluña.

Asturias recibe 802 millones de la caja común y con el nuevo sistema pasará a recibir solo 682 millones. Consecuencia directa del cambio de rol de Cataluña.

En financiación por habitante, Asturias baja seis puntos y Cataluña sube 4,4. Pasando los puntos a euros, significa que Cataluña tendrá 507 euros más por habitante y nosotros menos de la cuarta parte que ellos. La mano inocente de Montero.